La tribuna

Antonio Camacho

¿Qué pasa con los funcionarios?

MUCHOS ciudadanos se sorprenden cuando se cruzan con grupos de empleados públicos armados con pitos y tambores, a los que si les preguntan darán entre otras respuestas que están allí porque los van a privatizar o porque el Gobierno Andaluz quiere hacer funcionarios a miles de enchufados. Las dos afirmaciones son radicalmente falsas.

La realidad es que en este momento, gracias al acuerdo de UGT y CCOO con la Administración Andaluza, no hay razón alguna para la inquietud entre los empleados públicos. Pero un par de meses de intensa contaminación dan para mucho. Como decía Goebbels: "Una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una verdad".

El principio

La culpable última de la situación es la Junta de Andalucía, que durante décadas ha creado una Administración paralela, que en la actualidad abarca más de 250 entes y más de 25.000 trabajadores, en su mayoría fijos y con muchos años de antigüedad a los que es una indignidad llamarles enchufados. Además, en su cruzada antidéficit, el Gobierno andaluz vio la posibilidad de ahorrar unos millones de euros agrupando estas empresas en agencias, incluyendo a personal funcionario y laboral de la Junta. En el colmo de la soberbia y la torpeza, no se negoció con los sindicatos, a pesar de los esfuerzos UGT en ese sentido. Por eso, tal como se publicó el Decreto-Ley 5/2010, los derechos de los empleados públicos estaban en grave riesgo. Desde el mismo día de su publicación, el 27 de julio, UGT mantuvo una confrontación total con la Junta.

El acuerdo

Hemos realizado, junto con CCOO, todo tipo de actuaciones (asambleas, concentraciones, encierros, movilizaciones, comparecencias en los medios de comunicación,…) hasta lograr sentar a la Junta a negociar y asegurar que ningún trabajador de la Junta de Andalucía, funcionario o laboral, verá mermados sus derechos. Ahora, el pase a las agencias empresariales será voluntario para los trabajadores y todo el proceso será negociado.

Además, los trabajadores que pasan a las agencias desde las empresas públicas no van a convertirse en ningún caso en funcionarios ni laborales de la Junta, ni a competir con ellos. Para ser funcionarios o laborales de la Junta deberán pasar las pruebas selectivas generales. Para mayor garantía de participación, el nuevo Decreto-Ley se ha remitido al Parlamento para que se convalide y posteriormente inicie su tramitación como proyecto de ley. De este modo todos los grupos políticos se podrán posicionar a través de las enmiendas y con debate público.

La contaminación

Próximos ya a llegar al acuerdo con la Administración, grupos de funcionarios se organizan "espontáneamente" con el apoyo de los sindicatos corporativos y rechazan todo lo que no sea la derogación del Decreto-Ley. Trasmiten falsedades y medias verdades, y le dicen a cada uno lo que quiere oír. Lo más preocupante es que actúan desde el principio con un formato radical y antidemocrático ya olvidado. Los delegados y afiliados de UGT y CCOO han sido acosados, marginados, insultados ("ladrones", "vendidos", "chorizos") e incluso agredidos. A los que dirigen a esos "espontáneos" no les ha importado destruir la convivencia en los centros de trabajo, que ahora será muy difícil reconstruir. Y todo por un posible rédito electoral sindical y político.

La actuación de la UGT

UGT tiene dos frentes de lucha en el ámbito de los servicios públicos:

1.- La defensa de los derechos de los trabajadores, que es la razón de nuestra existencia, y es nuestro trabajo desde hace más de un siglo. Por eso siempre estamos donde tenemos que estar: denunciando los problemas, proponiendo soluciones, haciéndolas avanzar con negociación, y cuando es necesario con presión. Es preocupante la amnesia de algunos trabajadores beneficiados en su día por numerosos acuerdos, que ahora ponen a estallar la vena del cuello insultando a los que logramos para ellos estabilidad y más derechos.

2.- La defensa a ultranza de los servicios públicos, única garantía de que el estado de bienestar llegue con justicia para toda la ciudadanía. Los responsables de la Federación de Servicios Públicos de la UGT de Granada, lanzamos un reto a los líderes de este "movimiento espontáneo" para que se debata públicamente este asunto en el medio que estimen más oportuno.

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