TIENE razón Francisco Puentedura, el portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, el mismo que el equipo de gobierno quiere desembragar a golpe de ROM en las próximas elecciones: el sistema de notificación de multas a través del Boletín Oficial de la Provincia es una perversidad. En cuatro meses (de enero a abril) la Agencia Tributaria Municipal ha notificado 12.000 sanciones de tráfico por el traicionero método de mandarlas publicar en esa especie de índice satánico que alguien pretende convertir en best-seller. Cada día los burócratas de la oficina municipal mandan una media de 100 notificaciones al BOP. Son notificaciones que no han llegado a su destino por las vías ordinarias, seguramente porque las señas están anticuadas, arrastran errores o la impresión de la tinta impide leer con claridad. Lo más sorprendente es que la agencia repite tres veces el envío erróneo, quizá pensado que una inexactitud reiterada se corrige por artes infusas. Pero qué va. Si una dirección está equivocada una vez lo está mil. El Ayuntamiento podría cruzar los datos equivocados con los del censo, que suelen ser exactos, pero es un sistema demasiado inteligente. Así que relaciona los nombres de los infractores y los manda al BOP. Ya están avisados. El sistema, aunque supone un alivio para los cobradores municipales, no es una buena treta para lograr el fin perseguido. Al final de año, cuando toca el balance, las multas sin cobrar superan ampliamente a las que han sido satisfechas.

La notificación a través del BOP es un procedimiento excepcional en la Administración pero en Granada se ha transformado por lo que se ve en recurso habitual. ¿Cómo puede haber un centenar de multas que no llegan a su destino cada día? Algo no funciona. O se multa en exceso, o las señas son mentira, o nadie quiere saber nada del Ayuntamiento o, en fin, el sistema de notificación es un desastre. Los veinticinco millones de euros en multas que la policía puso el año pasado a los granadinos da idea de la inmensidad de un error que parte de una premisa originaria disparatada: considerar la sanción como un elemento básico de financiación municipal.

Aunque parezca una paradoja, el ayuntamiento se nutre en gran medida gracias a los vulneradores de las ordenanzas. Beber en la calle es una fuente de ingresos que hay que cuidar, igual que la insubordinación de los ciudadanos ante las normas de tráfico. A más indisciplina más dinero en perspectiva. Todo lo contrario que los propósitos regeneracionistas del delincuente que venían descritos en los tratados clásicos. Además, si las señas están equivocadas o el ciudadano se esconde por miedo a la autoridad, la sanción de 200 euros puede llegar a 1.500.

Una perversidad.