Buena parte de la actualidad informativa que ha marcado el último año en Granada ha tenido un factor común: el trabajo de investigación de la Policía sobre presuntos casos de corrupción. Si recordamos la firmeza con que el PP dejó caer a Torres Hurtado en el caso Nazarí, uno de los argumentos clave fue justamente el prestigio y la seriedad que se presupone a la actuación de la UDEF. Por encima, incluso, de conocidas rivalidades entre cuerpos y del cuestionado modus operandi con que se llegaron a desarrollar algunas de sus operaciones convirtiéndose en capítulos efectistas de mala televisión más que en piezas de apertura de un informativo.

Pero si lo sospecha la UDEF... Uno de los casos más controvertidos es justamente el de la presunta trama de corrupción urbanística que ha puesto bajo sospecha más de una década de gestión del PP en el Ayuntamiento de la capital y, al margen de lo que la jueza finalmente determine, ya se ha llevado por delante a algunas de las empresas más importantes de la ciudad. La caída de García Arrabal ha sido realmente demoledora. Atravesar la circunvalación y ver el imponente edificio de su sede con el cartel de "Se vende" tal vez sea una de las imágenes más significativas sobre los efectos colaterales que la investigación policial y judicial está provocando de forma precipitada, con la incógnita de si habrá estado justificado y con la connivencia inconsciente de todos… Y aquí nos incluyo, literalmente, a todos: a los medios de comunicación por el perverso efecto que se produce cada vez que cumplimos con nuestra obligación de informar contando qué dicen los informes policiales, hacia dónde apunta la investigación y qué sostiene el trabajo de los jueces; y a todos nosotros, los ciudadanos, los lectores, que nos hemos transmutado en una opinión pública talibán ávida de escarnio y de condenas sin cuestionarnos si quiera si son inocentes. Porque la pregunta es bien sencilla: si al final García Arrabal queda limpio de todo, ¿los jueces y la policía le devolverán su empresa? ¿lo haremos nosotros?

El 'caso Alhambra' es aún más controvertido. La investigación por la supuesta adjudicación irregular del servicio de audioguías obligó a dimitir a Mar Villafranca hace dos veranos y prácticamente supuso su ocaso político. Les confieso que cada vez que publicamos algún avance sobre el trabajo policial se produce un terremoto de indignación. Y no es un caso aislado. Son ya varios los afectados que se han dirigido al periódico para desmentir las afirmaciones que realiza la Policía en sus informes e, incluso, han aportado documentación sobre supuestos errores a la hora de establecer las relaciones de parentesco y las vinculaciones entre el Patronato y las empresas que operan con el organismo gestor. Son nombres de profesionales y nombres de empresas que aparecen en supuestas tramas criminales y de tráfico de influencias con el daño que ello supone para su propia supervivencia sin que, de momento, hayan sido condenados. En algún caso nos aseguran, incluso, que no han tenido ningún tipo de requerimiento por parte de la Policía, que no les han solicitud documentos, que no han tenido la posibilidad de contrarrestar los argumentos, sospechas o datos que se apuntan en los informes. Los supuestos delitos que se van construyendo con indicios y pruebas más o menos sólidas.

¿Un culpable reconocería a la opinión pública que lo es? ¿Son inocentes porque así lo aseguren exigiendo una rectificación? No es a los medios a quienes nos corresponde responder a un interrogante que habrá de determinar un juez, pero tal vez sí poner el acento en el debate sobre las graves consecuencias que se desencadenan por el camino e, incluso, introducir dentro de la ecuación que ni la Justicia ni la Policía son infalibles. No hablo de intencionalidad y mucho menos de conspiración; simplemente me detengo en algo tan básico como la humana posibilidad de cometer un error.

Me pregunto si todo esto vendrá a formar parte de aquello que Bernard de Mandeville ya apuntaba a comienzos del XVIII en su conocida Fábula de las abejas. De cómo los vicios, las distorsiones, los conflictos, contribuyen a que funcione el sistema: "Había una colmena que se parecía a una sociedad humana bien ordenada. No faltaban en ella ni los bribones, ni los malos médicos, ni los malos sacerdotes, ni los malos soldados, ni los malos ministros. Por descontado tenía una mala reina. Todos los días se cometían fraudes en esta colmena; y la justicia, llamada a reprimir la corrupción, era ella misma corruptible. En suma, cada profesión y cada estamento, estaban llenos de vicios. Pero la nación no era por ello menos próspera y fuerte".

Se pueden imaginar qué ocurrió cuando el bien supremo se apoderó de todo y se acabó el fraude, las enfermedades, los excesos… Entonces dejaron de necesitarse médicos, abogados, jueces… Llegó la desolación. La ruina. Y es que las colmenas honradas no son sostenibles. No en nuestra sociedad viciosa e imperfecta.