Hoy cumple 207 años el primer decreto promulgado por las Cortes de Cádiz. El 24 de septiembre de 1810, los diputados reunidos en la Real Isla de León aprobaron un texto que constituye el punto de partida de la recepción en España del concepto moderno de soberanía. "Los diputados que componen este Congreso y que representan la Nación Española, se declaran -dice su punto primero- legítimamente constituidos en Cortes Generales y Extraordinarias, y que reside en ellas la soberanía nacional". A partir de entonces, se asienta la idea de que la voluntad suprema no pertenece a los reyes ni a ningún grupo privilegiado, sino al conjunto de los españoles. Más tarde, con la intervención destacada del diputado catalán Antoni de Capmany i de Surís, el artículo 3 de la Constitución de 1812 concretará el propósito: "La soberanía -señala- reside esencialmente en la Nación y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales".

En esa ininterrumpida tradición, el artículo 1.2 de nuestra vigente Constitución proclama que "la soberanía nacional reside en el pueblo español". Es exactamente eso, tan nuclear e inderogable, lo que se pondrá en entredicho el próximo 1 de octubre. El secesionismo catalanista pretende, en el fondo, hurtarnos nuestro derecho a decidir, una potestad que nos pertenece y de la que no puede arrogarse masa, ciudad o comunidad autónoma alguna.

Métodos hay, si fuere necesario, para reformar la Constitución. Pero siempre con el acuerdo mayoritario de todos los españoles. Se engaña, pues, quien piensa que se trata de un problema ajeno, propio y exclusivo de una región determinada. Nos mienten, incluso, aquéllos que jalean la asonada a partir de una presunta e irreal voluntad parcial con fuerza constituyente. Somos 47 millones de nacionales y no hay ninguna razón objetiva para que una parte de ellos, además la mayor, vea conculcados sus derechos por habitar en uno u otro lugar de España. Como alguien ha afirmado, "pretender que el lugar de residencia otorgue a las personas derechos diferenciales sobre la base de una supuesta identidad como pueblo, es caminar hacia una ideología identitaria, supremacista y excluyente".

No y mil veces no. El domingo que viene intentarán robarnos lo que es nuestro, la capacidad de construir en común el futuro. Un poder básico e intangible, de usted y mío, para el que debemos exigir el más firme y eficaz de los amparos.

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