Editorial

Una rectificación jurídica mal explicada

NO es creíble que el PP retirara la querella que interpuso el lunes pasado contra Manuel Chaves y su hija porque ahora cuente con nuevos documentos: simplemente hubiera bastado con una ampliación de la denuncia. Es más, si el nuevo documento esgrimido es la aceptación de Minas de Aguas Teñidas (Matsa) de la ayuda de 10,1 millones de euros y que está firmada por Paula Chaves tampoco supondría una importante novedad, puesto que tanto algunos diputados del PP como varios medios de comunicación habían visto esa comunicación en la sede de la Agencia Idea y se había informado sobre ella, por lo que cualquier juez la hubiera podido solicitar a la Consejería de Innovación en el curso de la instrucción. De hecho, el PP andaluz aseguró el jueves por la tarde que desconocía la presentación de la querella, y horas después se anunciaba la rectificación. Más bien parece que ha habido una diferencia de criterios en la estrategia defendida por parte de la cúpula nacional del PP y la andaluza. Hasta ahora, los populares andaluces habían acusado a Manuel Chaves de infringir un artículo de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos, y por ello presentaron una denuncia de carácter administrativo ante la propia Junta, pero Juan Ramón Montero -una persona que se encarga de los asuntos jurídicos del PP nacional- elevó el tono ante el Tribunal Supremo y presentó una querella contra el ex presidente y su hija por prevaricación y tráfico de influencias. Los delitos esgrimidos por el PP eran muy graves, y el archivo de la causa hubiera desinflado un caso en el que los populares se están empleando a fondo. Durante las últimas semanas, Manuel Chaves ha debido responder a preguntas relacionadas con Matsa en todas las sesiones de control al Gobierno en el Congreso, pero ayer su portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, solicitó su comparecencia ante la diputación permanente de la Cámara. El PP debería resolver ya sus dudas jurídicas, porque quizás lo mejor para el esclarecimiento del caso sea que, efectivamente, un tribunal decida si hubo delito, como defienden los populares; falta administrativa; incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades o, simplemente, nada.

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