El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ofreció ayer las cifras fundamentales del plan de pago a proveedores puesto en marcha por el Gobierno en socorro de los ayuntamientos víctimas de la asfixia financiera. Durante tres días se han saldado deudas por un importe global de 9.300 millones de euros, de los que 2.675 han sido para acreedores de los ayuntamientos andaluces, que han podido así hacer frente a más de medio millón de facturas. Estas corporaciones locales, cuyos ingresos se han visto muy perjudicados por la caída de la actividad económica general y por políticas expansivas que se arrastraban de la etapa de euforia y vacas gordas, estaban en muchos casos al borde del colapso, imposibilitados de cumplir con los pagos por servicios y suministros de miles de empresas e incluso de afrontar las nóminas de sus empleados, se han comprometido a ajustar sus presupuestos a los mecanismos de control del déficit. A cambio de ello han recibido préstamos bancarios en buenas condiciones y avalados por el Estado. De este modo ha sido posible que muchos proveedores cobren las deudas acumuladas por sus ayuntamientos. En Andalucía han sido los ayuntamientos de Jerez, Jaén y Granada los más beneficiados, cuantitativamente, por la iniciativa, que lógicamente ha recibido el respaldo de las organizaciones empresariales de la comunidad autónoma. Más allá del respiro que el plan supone para el saneamiento de las arcas municipales, lo que conviene destacar es que innumerables pequeñas y medianas empresas han percibido las cantidades que les correspondían y ello ha hecho posible que se paralicen despidos y se asegure la continuidad de miles de puestos de trabajo. El plan de pago a los proveedores, en definitiva, ha sido un éxito político, económico y social y el reflejo de que la cooperación entre instituciones es la mejor fórmula para enfrentarse con la crisis. Los problemas de fondo de la economía y de los municipios siguen en pie, pero lo que se ha hecho permite oxigenar una situación realmente agobiante.