HAY una convicción generalizada de que el Tribunal Constitucional va a darle la razón a la Junta de Extremadura en el recurso de inconstitucionalidad que presentó contra el artículo 51 del Estatuto de Autonomía andaluz que otorga a la Junta de Andalucía la competencia exclusiva sobre el Guadalquivir.

Dicho artículo establece que "la Comunidad Autónoma Andaluza ostenta competencias exclusivas sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma". El artículo 149 de la Constitución, por su parte, atribuye claramente al Estado la competencia exclusiva sobre los ríos cuyos cauces transcurran por más de una comunidad autónoma.

El Guadalquivir es el río andaluz por antonomasia, un emblema de la región y su factor de vertebración física más relevante... pero un 10% de su cuenca se adentra en territorio de otras tres comunidades (Extremadura, Castilla-La Mancha y, en escasa medida, Murcia). Fue por eso por lo que el PSOE andaluz, y muy resueltamente Manuel Chaves, se negó durante muchos años a pedir su transferencia a la Junta. Sólo en el contexto de descentralización a ultranza impulsado por la reforma del Estatuto catalán los socialistas cambiaron de opinión y adoptaron la postura que siempre habían defendido los dos partidos minoritarios de la política andaluza (IU y PA): el Guadalquivir, para los andaluces.

Los estatuyentes andaluces probablemente eran conscientes de la debilidad de su posición cuando añadieron al artículo 51 la coletilla "aguas (...) que no afectan a otra Comunidad Autónoma". Un intento singular de salvar la legalidad que colisiona con la jurisprudencia del TC, que ya en su sentencia de 1988 sobre la Ley de Aguas abogaba por la unidad de gestión de toda cuenca que se extienda por varios territorios. Esto es como si desmantelamos la Hacienda nacional y dejamos que cada comunidad administre sus impuestos "que no afectan a otra Comunidad Autónoma". ¡Claro que afectan!

También se curaban en salud al aclarar que la competencia exclusiva de Andalucía sobre el Guadalquivir se ejercería "sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, las normas básicas sobre protección del medio ambiente, las obras hidráulicas de interés general y lo previsto en el artículo 149 de la Constitución". Es decir, los redactores del Estatuto de Autonomía reivindicaban para Andalucía la competencia para hacer unas políticas que ellos mismos admitían como exclusivas de la Administración central.

Nos van a quitar el mando sobre el río Guadalquivir, pero es que nunca debimos exigirlo. Lo malo es que ya está traspasado.