MUY pocas veces cuarenta y tres páginas de una sentencia podrán hacer más por la igualdad de todos ante la Ley. Les confieso que muy pocas veces me he sentido más orgulloso de la independencia judicial y de la Justicia Democrática como tras leer la sentencia del juez Miguel Ángel Torres, por la que, por primera vez en la historia de la Iglesia española y europea, se condena a todo un arzobispo -el de Granada tenía que ser- por un delito y una falta de jurisdicción ordinaria.

La sentencia del juez Torres debería ser de lectura obligada en las facultades de Derecho de todo el país, tanto por sus fundamentadísimos razonamientos jurídicos como por la lección de derecho constitucional que de su lectura se extrae.

El condenado monseñor Martínez, quien durante todo el periodo objeto de este procedimiento ha mantenido una postura de insufrible prepotencia, se sentó al final en el banquillo con la falsa humildad propia de quien carece en absoluto de esta virtud, consigue ahora el dudoso honor de convertirse en el primer arzobispo de la historia condenado por un tribunal ordinario. En el fallo judicial se describe la actuación de monseñor -aunque el juez no utilice ese término- como injusta, atentatoria contra el honor del sacerdote denunciante, injustamente descalificatoria hacia el acusador, amenazadora, vengativa, amedrantadora y falta a la verdad. Vamos, todo un dije de arzobispo

La sentencia pone de manifiesto la obsesión del arzobispo por eliminar cualquier actuación de CajaSur en Granada, debido a su enemistad, negada reiteradamente por monseñor, en una flagrante falta a la verdad, de alguien que como él, no debería mentir de semejante forma. Igualmente, el fallo del juez Torres declara probada la intencionalidad arzobispal de detener las actuaciones acordadas para Granada, por el hoy cardenal de Toledo, Antonio Cañizares, entre ellas el polémico libro objeto de todo el asunto y el Museo de la Cripta del Sagrario, que Granada nunca tendrá mientras Martínez siga siendo arzobispo.

Pero es que, además, su señoría mantiene que "el Estado Español no puede quedar inactivo en el caso de que la normativa canónica o eclesiástica o, especialmente, su aplicación por las autoridades de la Iglesia puede atentar contra los derechos de la persona".

El varapalo del juez se hace igualmente extensivo al deán de la Catedral, Sánchez Maldonado, y a los capitulares, a los que sin ambages acusa de mentir, al igual que al máximo responsable de la Capilla Real. Por cierto que el fallo pone igualmente en evidencia el papelón de la Fiscalía, que como recordarán no presentó acusación alguna contra el arzobispo.