El día 13 de abril de 2016 la Policía se llevó de Urbanismo 8 expedientes relacionados con el pabellón deportivo Mulhacén, como consecuencia de una denuncia que había sido presentada un año antes por el propietario de la parcela contigua, contra el alcalde, la concejal, la delegada del Gobierno de la Junta y una larga lista de cargos.

La información solicitada por la Policía el día de marras es más que incompleta, puesto que los expedientes tramitados en estas dos parcelas, la del pabellón y la contigua, desde el año 2005 hasta 2016, deben ser mas de 20. Por tanto, tras el estudio de una información tan limitada y con tanta escasez de datos, las conclusiones deberán ser muy forzadas y estar plagadas de deducciones y presunciones.

Es difícil resumir en un párrafo una historia de 10 años, pero hay que conocerla para poder entender la denuncia: Érase una vez un matador de pollos, conocido en todos los supermercados de Granada, que decidió cambiar de profesión y meterse a constructor, incluso en países extranjeros. Al parecer con tan mala fortuna que perdió sus inversiones y no pudo cumplir sus sueños.

En el año 2005 compró al Ayuntamiento de Granada una parcela de uso docente por 427.000 euros, dicen que para construirle a su hija una guardería que nunca construyó, pero sí hipotecó. Y ya no pudo dar marcha atrás ni resolver la compraventa porque, para devolver al Ayuntamiento la parcela, tenía que levantar las hipotecas, por un total de 1.788.000 euros, que ya se había gastado. Intentó entonces venderla a terceros para otros usos más lucrativos, encontrándose siempre con informes negativos de los malvados funcionarios, que no le permitían cambiar el uso de la parcela porque tenía destino docente. Finalmente terminó denunciando a todo bicho viviente y solicitando una reclamación patrimonial al Ayuntamiento de 8 millones de euros, según el valor de los pisos que podría haber vendido, si el Ayuntamiento le hubiera recalificado los terrenos. Como en el cuento de la lechera. Es la parcela que más se ha revalorizado en la historia de la crisis, pasando de 427.000 euros en 2005 a 8 millones en 2015.

Esa es la historia del denunciante, que además dedicó los últimos años a oponerse a todo lo que se permitiera tramitar o construir en la parcela contigua, focalizando la causa de su ruina en el alcalde, la concejal, el vecino y un señor que pasaba por allí. Hubo un tiempo en que los vecinos por envidias o venganzas se denunciaban y se mataban entre sí por cualquier cuestión de tierras. Pero en 2016 ha encontrado un camino más fácil para su venganza a través de la Fiscalía. Un sistema que últimamente está de moda y sale gratis.

Y así empieza la trama de los denunciantes: presentó en la Fiscalía 1.446 folios que decía haber recibido "de forma anónima", convirtiendo en algo ininteligible su denuncia.

El denunciante se opone a todo lo hecho en el solar del Pabellón Mulhacén y concluye que los más de 30 funcionarios que han intervenido en los expedientes en estos 10 años están equivocados, menos él, insistiendo además en que son los culpables de su ruina. Aunque, por supuesto, no menciona al que fuera responsable de todos los expedientes, que no ha sido detenido ni está siendo investigado. Extraña circunstancia esta.

Denuncia que se ha segregado una parcela indivisible, algo fácilmente comprobable en el Registro de la Propiedad. Que la licencia de su guardería se ha caducado por motivos personales, no por transcurso del tiempo (basta mirar un calendario). Que no ha podido construir la guardería porque las obras del pabellón han invadido su parcela, cuestión de derecho civil y ya aclarada con mediciones. Que el Mcdonald's puso en la entrada un letrero de aparcamiento exclusivo… Que el bar la Cueva hizo obras sin licencia (sin mencionar el disciplinario existente). Denuncia al funcionario que desestimó sus alegaciones en los estudios de detalle del vecino porque, dice, que incrementan edificabilidad. Al interventor por confundir, dice, la cuantía principal del contrato con el IVA. A la Junta de Gobierno Local por aceptar cambios en los proyectos, y a otro funcionario, por haber concedido licencias a la pastelería Puerta Bernina, al bar La Cueva y al McDonal's, porque son inquilinos. ¿Seguro que estamos hablando de delitos?

En definitiva, de los 1.446 folios se deduce que alguien ha matado a alguien y el caso parece ser muy grave, salvo que se lean los extensos y bien fundamentados informes jurídicos, que podrían haberse recurrido vía contenciosa y no penal. Cualquiera que sepa un poco de Urbanismo conoce que los estudios de detalle no sirven para incrementar edificabilidad y que no se notifican a los vecinos. O que las licencias caducan por la inactividad durante un año, o incluso seis meses y que los negocios que se instalan en las concesiones administrativas no los llevan personalmente los constructores, porque estos no saben gestionar ni hamburguesas, ni jamones. Lo mismo que los polleros no deben meterse a constructores.

La parcela del Pabellón Mulhacén es de propiedad municipal, de uso deportivo y comercial en un porcentaje 70/30% y tiene 6.409 metros de superficie. Fue adjudicada en concesión administrativa por concurso público en el año 2006 para construir y entregar al Ayuntamiento un pabellón deportivo de 2.690 metros, contiguo al solar del denunciante.

En otra parte del mismo solar municipal, el concesionario podría construir 1.153 metros de comerciales privativos para gestionar durante 40 años, con la finalidad de amortizar la inversión realizada. En principio, se preveían tiendas o restaurantes, aparcamientos privados y padel privado. Actualmente hay un McDonald's, una pastelería Puerta Bernina, un bar la Cueva y aparcamientos en superficie. Esta zona comercial, tan envidiada y odiada por el denunciante, se ha convertido en su obsesión y objetivo, aunque no le afecta.

Cuando Granada fue designada sede del Mundobasquet y la Universiada en 2014, resultó de interés público adaptar el pabellón a estas necesidades y hubo que tramitar una modificación de las condiciones de la parcela, aprobada por el Pleno por el procedimiento legal, consiguiendo un pabellón municipal mayor, llegando a 3.483 metros, en vez de 2.690. Pero los metros privativos del concesionario no se modificaron. Por lo tanto, el Ayuntamiento no perdió nada. Por el contrario, ganó un pabellón con los metros que necesitaba. En nada perjudicó esto al denunciante y mucho menos a la ciudad.

En su parte privativa el concesionario presentó estudio de desequilibrio económico e inviabilidad de la concesión, por la imposibilidad de amortizar la planta de aparcamientos soterrados, justificado en los excedentes vacíos y cerrados que existen en el barrio ( Los Cármenes, La Hípica, Santa Adela). La Junta de Gobierno Local aprobó su sustitución por aparcamientos obligatorios en superficie en lugar de las pistas de padel.

Hace ahora un año, a la vista de la denuncia, se presentó escrito en el juzgado con el siguiente tenor: "Entraría dentro de la normalidad que los técnicos puedan tener diferentes opiniones jurídicas o interpretación de las normas. Todas las opiniones son respetables". "En estos expedientes han intervenido mas de 30 funcionarios con un criterio común". "Pero en este caso las discrepancias vienen de una persona que carece de la más elemental cualificación. Es insultante que continuamente se ponga en entredicho la opinión jurídica y técnica de los funcionarios. Es denigrante que los funcionarios tengan que estar soportando continuamente falsas acusaciones, unas veces por motivos políticos y otras por motivos mafiosos. Lo que debería ser delito es interponer denuncias como medio de venganza o como medio para respaldar una reclamación de indemnización millonaria".

Pero ha transcurrido el año, ni se han pedido los expedientes al Ayuntamiento, ni se han leído previamente los numerosos informes jurídicos obrantes en los mismos, fácilmente comprensibles por cualquier jurista. Bastaría una mera prueba pericial elaborada por algún experto en Derecho Administrativo , pero se ha optado por coger sólo 8 expedientes a ciegas y acumularlos a una macrocausa, que queda pendiente de un informe policial que se elaborará a la vista de una documentación parcial.