ME van a permitir que lejos de dar mi opinión -siempre sumergida en el culmen de la humildad como un punto de vista que se añade al cúmulo de reflexiones puntuales- manifieste mi desconcierto y recurra a esta columna para expresar mi más sincera ofuscación y, en cierto sentido, desorientación ante la nueva reforma del límite de velocidad máxima en autopistas y autovías que abandona la cifra de 110 kilómetros por hora impuesta el pasado 7 marzo, para recuperar los 120 desde el próximo 1 de julio. Pero mi desconcierto -aderezado por una cierta curiosidad especulativa- engrandece su condición al escuchar a los políticos de turno las valoraciones -siempre y todas positivas- sobre el período de vigencia de la cifra ahora corregida. Así, secuencias narrativas en boca de los portavoces que afirman que la ley 110 ya no tiene sentido, o que su desaparición está justificada porque el precio del petróleo ha bajado, o la sentencia de que era una medida transitoria, o el argumento de que se conseguido rebajar la factura energética. Así como los razonamientos victorianos de que el Estado ha ahorrado 450 millones de euros durante el período de vigencia de la ley 110, o aquello de que gracias a esta ley, nuestro país ha conseguido reducir en más de dos mil millones de euros la factura petrolera. Tampoco han faltado los elogios documentales como que la rebaja del límite de velocidad ha servido para tomar conciencia de que correr cuesta dinero, así como el elemento ecológico de que a más velocidad más contaminación, o los consabidos riesgos para la salud que infringe la velocidad.

Finalmente, las valoraciones sobre los argumentos vitales por parte de los representantes públicos que consideran altamente positivo el ahorro económico que ha afectado al bolsillo de los ciudadanos, así como el más recurrido -en lo que a convicción e refiere- que tiene que ver con los muertos en la carretera, el descenso en la siniestralidad y la caída de los accidentes de tráfico.

Estos días, numerosos colectivos celebran la vuelta a los 120 y algunos, incluso, reclaman la posibilidad de establecer como límite los 130 kilómetros por hora. Pero pocos, muy pocos, se plantean un argumento que se me antoja obvio además de evidente y que tiene que ver con las valoraciones tan positivas que ha planteado el Gobierno. Si la norma ha dado tan buenos resultados desde todos los aspectos, en el fondo uno se pregunta ¿cuál es la razón para volver a la situación anterior? Espero que alguien me lo explique porque mi ofuscación justificada no me permite entenderlo. A no ser, claro está, que las valoraciones positivas no lo sean tanto como nos dicen que han sido.