la esquina

José Aguilar

Por la vía penal

LA realidad se venga de quienes la ignoran. La obstinación del PP en rechazar la luz y los taquígrafos sobre el caso Bankia se ha desvelado inútil con celeridad. No quería que el Congreso investigara este gran fiasco financiero y ahora tendrá que asumir que lo haga la Justicia.

En la subcomisión parlamentaria celebrada ayer a puerta cerrada, el Partido Popular vetó las comparecencias de Rodrigo Rato y otros directivos de Bankia y del gobernador del Banco de España, que hace días se declaró dispuesto a explicarse y se quejó de que el Gobierno no se lo permitía. La petición de que se cree una comisión parlamentaria de investigación correrá la misma suerte y por el mismo motivo: la negativa del partido que cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento.

Pues bien, horas antes de materializarse el veto del PP, la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias para indagar la presunta comisión de cinco delitos -estafa, apropiación indebida y otros- en el proceso que condujo a la constitución de Bankia, a principios de 2010, y a su salida a Bolsa, en julio de 2011. La Fiscalía, que responde así a las denuncias de particulares, centra su atención en el hecho de que Bankia declarase beneficios superiores a los 300 millones de euros y poco después reclamase ayudas del Estado por encima de los 4.000 millones. Finalmente, la entidad ha tenido que ser nacionalizada, el presidente Rato relevado del cargo y la antigua caja pendiente de un rescate que se ha calculado en 19.000 millones más.

El PP no quería el caldo del esclarecimiento de las cuentas de Bankia y ahora tendrá dos tazas. No veía conveniente ni comparecencias ni investigaciones parlamentarias -alegando que ambas perjudicarían al sistema financiero nacional, cuya cuestionada salud tantos quebraderos de cabeza nos está dando-, y ahora habrá de asistir a la apertura en canal de uno de los principales bancos del país. Rechazaba que los diputados dilucidaran las responsabilidades políticas de un caso que costará un buen dinero a los contribuyentes -si el Congreso no sirve para eso, ¿para qué está?-, y ahora habrá de asistir a la indagación judicial de las responsabilidades penales, que pueden hacer muchísimo más daño al sistema y, en definitiva, a la economía española.

Tal como está el país, es seguro que en este caso la opinión pública está más con las minorías que exigen saber cómo ha llegado Bankia a su actual situación y quiénes la han llevado a ella que con la mayoría absolutísima que impone silencio. Lamento coincidir con el diputado de Amaiur Rafael Larreina: "Lo que se va disparar es la prima de riesgo de la política española". Cosas de la realidad que se ignora y que despliega, con rapidez en este caso, su venganza.

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