editorial

La voraz deuda autonómica

LOS datos dados a conocer ayer por el Banco de España sitúan la deuda de las comunidades autónomas en un máximo histórico de 121.420 millones de euros al cierre del primer trimestre de 2011, lo que supone un crecimiento del 26,4% respecto al mismo periodo del año anterior. La deuda sobre el PIB de las autonomías llega ya al 11,4%, frente al 9,1% de hace un año y el 10,9% del trimestre anterior. El dato es extremadamente preocupante puesto que se supera el 11% del PIB por primera vez en la serie histórica que ofrece el Banco de España, que data de 1995, y porque demuestra la consolidación de una tendencia que echa por tierra los compromisos del Gobierno de reducción del déficit. Aunque el problema es estructural y afecta a la práctica totalidad de comunidades, es necesario destacar que Cataluña es la autonomía más endeudada en términos absolutos, con 34.323 millones de euros, y en relativos lo es la comunidad Valenciana, con el equivalente al 17,4% de su producto interior bruto. Esta voracidad en la adquisición de deuda es muy negativa, porque tanto los organismos internacionales que regulan la economía como las agencias de calificación están siempre muy pendientes a este tipo de datos y llevan tiempo advirtiendo que, frente a la austeridad impuesta en el Gobierno central, las regiones no paran de crecer. Ello vendrá a dificultar el cumplimiento de los objetivos de déficit y tensionará aún más si cabe la ya encarecida -por la crisis griega- deuda pública española, a la que se le va a seguir exigiendo cada vez mayor rentabilidad. Esta escalada de la deuda obliga, en tanto en cuanto no se acometa un ajuste de la Administración que reduzca sus niveles y su alto coste, a una exigencia férrea del cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit a los que España se ha comprometido ante la Unión Europea. Y si esa exigencia no se cumple mediante acuerdos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera habrá que acudir a una reforma legislativa que imponga límites al gasto público de las autonomías y evite este crecimiento exponencial de la deuda autonómica.

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