Los jubilados muestran su inquietud

Más que la pérdida de capacidad de compra de las pensiones, lo que llama la atención es la inactividad del Pacto de Toledo

Las manifestaciones de jubilados de la pasada semana en diferentes capitales y poblaciones de España para protestar por la pérdida de poder de compra de las pensiones ponen en evidencia el malestar y la preocupación que existe en la actualidad en este cada vez más amplio colectivo de nuestra sociedad. Incluso, hubo momentos de tensión en la puerta del Congreso de los Diputados cuando los manifestantes, personas de edad, llegaron a cortar el acceso al mismo.

Los jubilados no se están quejando por capricho. En 2018 las pensiones han subido un 0,25%, el mismo porcentaje de revalorización que se ha venido aplicando desde 2014, cuando la última reforma de éstas. Sin embargo, la inflación ha subido de media un 2% y lo más probable es que el IPC sufra un alza superior al 0,25%. El resultado es que los mayores ya están perdiendo poder adquisitivo, es decir, que vivirán peor que en el año anterior. Eso sí, si contemplamos el problema en un ciclo de diez años, los pensionistas han mantenido su nivel de vida, a diferencia de otros colectivos también afectados por la crisis económica.

Estos ajustes económicos pueden ser más o menos comprensibles según la coyuntura económica, pero lo que no entienden especialmente los jubilados -ni cualquier observador independiente- es la absoluta pasividad de la clase política ante el problema, más allá de las consabidas declaraciones a los medios de comunicación y las buenas intenciones tanto del Gobierno como de la oposición. Un claro ejemplo de lo que decimos es que la Comisión del Pacto de Toledo para la reforma de las pensiones se ha convertido en un órgano lento e inoperante que acumula ya más de un año de retraso en la presentación de las recomendaciones para reformar un sistema que ya es evidente que no será sostenible en los actuales términos. Propuestas hay muchas, tanto por parte del Gobierno como de la oposición (alguna de ellas peregrinas), pero hasta la fecha han sido incapaces de llegar a un acuerdo que garantice dicha viabilidad.

Un Estado de Derecho y una sociedad justa y solidaria deben tener una especial sensibilidad para con sus jubilados, personas que durante años fueron las que sostuvieron con su trabajo e impuestos el país. Ya es hora de que unos y otros aparquen sus diferencias y consigan diseñar un nuevo sistema justo y sostenible. Lo contrario sería incomprensible y censurable.

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