La permanente revisable, una demanda social

Los jueces están aplicando la prisión permanente revisable con extremada mesura. No hay ninguna razón para derogarla

La cruel muerte del niño Gabriel Cruz estará con toda seguridad muy presente en el debate que se producirá este jueves en el Congreso de los Diputados sobre la prisión permanente revisable, aprobada en 2015 únicamente con los votos PP (entonces tenía mayoría absoluta) y que ahora, tras una proposición de ley del Partido Nacionalista Vasco, se pretende derogar con los apoyos de PSOE, Podemos y formaciones nacionalistas. Ciudadanos, que en un principio se mostró partidario de tumbar esta figura penal, ha dado marcha atrás tras reunirse con Juan Carlos Quer y Juan José Cortés, padres Diana Quer y Mari Luz Cortés, asesinadas en 2008 y 2016 respectivamente.

Los contrarios a la prisión permanente revisable creen que dicha medida no garantiza el principio de reinserción que consagra nuestro ordenamiento jurídico, además de ser una figura de muy limitada aplicación práctica, ya que, desde su aprobación, sólo ha existido una condena de este tipo para David Oubel Renedo, quien asesinó a sus hijas utilizando una sierra radial. Por su parte, los defensores de mantener, e incluso ampliar, dicha medida piensan que es necesaria para dar una respuesta adecuada a una serie de crímenes de especial gravedad: asesinatos múltiples, terrorismo, crímenes a menores de 16 años o impedidos, crimen con violación, etcétera.

Es cierto que, como se suele argumentar, no se debe "legislar en caliente", pero también lo es que en los últimos meses apenas da tiempo a que se enfríen los ánimos, pues los crímenes de especial crueldad e impacto social suceden con mucha más frecuencia de lo deseable. Es indudable de que, hoy por hoy, existe una amplia demanda social para que se mantenga la prisión permanente revisable, que en ningún momento debe confundirse con la cadena perpetua, como aseguran de forma interesada sus detractores más acérrimos. La sociedad necesita creer en la utilidad y firmeza de su sistema penal y esto no se puede lograr si los ciudadanos observan que asesinos especialmente crueles pueden a acceder a beneficios penitenciarios por cuestiones como la buena conducta, la realización de estudios, etcétera.

Suponemos que nuestros legisladores son personas sensatas y que no tomarán la decisión final sobre la prisión permanente revisable con afán vengativo o por cálculos políticos. El hecho de que los jueces apenas la apliquen es una prueba clara de la mesura con la que se está usando esta figura. La sociedad necesita tener leyes con la que poder dar una respuesta especial a crímenes especialmente crueles.

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