Tribuna

Manuel chaves

Ex presidente de la Junta de Andalucía

Cataluña y la Constitución

La reforma debe mejorar el funcionamiento del Estado autonómico. Una vía posible es la federal. Los estados más democráticos y avanzados del mundo son federales

Cataluña y la Constitución Cataluña y la Constitución

Cataluña y la Constitución / rosell

El procés catalán ha fracasado y no parece viable que un gobierno surgido de la elecciones del 21-D pueda proceder a una DUI. La única vía posible para revertir la crisis catalana es la reforma de la Constitución española (CE) cuya cuestión nuclear será el sistema autonómico y la acomodación de Cataluña en el mismo. La reforma constitucional (RC) constituirá, a partir de ahora, uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos los españoles. Algunas consideraciones en este contexto:

1. La reforma exigirá tiempo, diálogo, entendimiento, generosidad y sentido de Estado para alcanzar un consenso similar al de 1978. El acuerdo para crear en el Congreso la Comisión para el sistema autonómico es un buen inicio para acotar los temas de la reforma: nuevos derechos, la adaptación a los cambios sociales y económicos globales y el diseño de un Estado autonómico moderno y eficiente.

2. El sistema autonómico fue uno de los aciertos históricos de la CE. España se convirtió en un Estado descentralizado con un nivel de autogobierno de sus territorios similar al de los estados federales más avanzados. La modernización de nuestro país, el desarrollo económico y de las infraestructuras, la gestión de los servicios públicos y la cohesión social y territorial no se entienden sin el proceso autonómico. Responsabilizar a este proceso de haber ido demasiado lejos y haber abierto la puerta al proceso independentista en Cataluña es un grave error. La responsabilidad recae sobre quienes, desde un nacionalismo mesiánico y excluyente, han atentado contra la Constitución y el Estatuto de autonomía.

3.El intento de secesión no puede ser la excusa para la vuelta al centralismo. La crisis catalana no debe ser utilizada para dar "marcha atrás" a través de una recentralización de competencias que agravaría la situación en Cataluña y en el conjunto de España. Es cierto que, en la evolución del Estado autonómico, se han producido desajustes, confusión y conflictos en el ejercicio de las competencias y, hay que señalarlo, deslealtades recíprocas entre la Administración central y las autonómicas. Nada distinto a lo que ocurre en otros estados descentralizados. Pero sí debe preocuparnos la desigualdad territorial: muchos ciudadanos consideran que las prestaciones de los servicios públicos fundamentales son diferentes según la comunidad en la que residen. Es necesario corregir estas disfunciones así como regular con precisión el reparto de competencias entre las administraciones, evitando la confusión en el ejercicio de la potestad legislativa o de ejecución cuando aquéllas son exclusivas (Muñoz Machado).

4.En definitiva, la reforma debe mejorar el funcionamiento del Estado autonómico. Una vía posible es la federal -los estados más democráticos y avanzados del mundo son federales- cuando ya hemos recorrido una buena parte del camino a través de la CE. Esto exige, por una parte, establecer los mecanismos necesarios para garantizar la lealtad institucional entre las administraciones (Senado, conferencias de presidentes, etc.) e impulsar las relaciones de confianza entre las mismas. Y por otra, garantizar la cohesión económica y social a través de un Pacto de Estado con un sistema de financiación que aporte los ingresos suficientes que garanticen a los españoles, vivan donde vivan, el acceso a un nivel similar de servicios públicos fundamentales y prestaciones sociales.

5. Afrontar la situación de Cataluña no es abrir la CE a los referéndums de autodeterminación que provocarían, temprano o tarde, la ruptura de España. Decidir sobre la unidad de España corresponde a todos los españoles que deberán pronunciarse sobre el resultado de la RC. La CE podrá reconocer expresamente, con la fórmula que se acuerde, la singularidad y el hecho diferencial catalán, abriendo el camino a la recuperación del Estatuto de Autonomía de 2006. Por otra parte, la infrafinanciación de Cataluña ha servido a los independentistas para la manipulación de los "agravios comparativos". Pero la insuficiencia de ingresos es un problema común a Cataluña y otras autonomías. Por ello, acordar un sistema de financiación que cubra adecuadamente el funcionamiento de los servicios públicos fundamentales así como la distribución territorial del gasto y la aplicación del principio de ordinalidad son pasos necesarios para restablecer la confianza perdida.

Finalmente, un tema delicado: si la RC acuerda establecer nuevas competencias, el acceso a las mismas debe estar abierto a todas las autonomías.

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