Tribuna

Manuel chaves gonzález

Ex presidente de la Junta de Andalucía

Después del 1 de octubre

Mitterrand y Kohl dijeron que "el nacionalismo es la guerra". Aquí no hay guerra pero el nacionalismo ha provocado la crisis más grave de la democracia

Después del 1 de octubre Después del 1 de octubre

Después del 1 de octubre / rosell

Este artículo puede ser entendido, con los riesgos que ello supone, como un ejercicio de especulación política. Ahora bien, no es especulación que estamos asistiendo a un golpe de Estado orquestado por nacionalistas mesiánicos que, bajo una apariencia falsamente democrática, pretenden llevar a Cataluña a un atolladero. Hace 26 años François Mitterrand y Helmut Kohl dijeron que "el nacionalismo es la guerra". Aquí no hay guerra pero el nacionalismo ha provocado la crisis más grave de la democracia y la mayor desconfianza entre los ciudadanos españoles.

Ante el referéndum ilegal, los españoles se preguntarán si, al final, éste se celebrará o no. El presidente del Gobierno ha defendido rotundamente que el Estado de Derecho dispone de los medios constitucionales para impedir su celebración. Sin entrar sobre lo que Rajoy podría haber hecho para buscar una salida política a la situación creada, ahora lo está haciendo razonablemente bien con el apoyo del PSOE y de otros partidos constitucionalistas. Frente a la gravedad de la crisis, el Estado se ha activado democráticamente para abordarla. Así pues, es previsible que el referéndum no se celebre, al menos lo que se entiende como una consulta democrática.

No voy a prejuzgar las resoluciones pendientes de los tribunales de Justicia, pero entrando en el terreno de la especulación, podemos considerar una primera hipótesis: el Gobierno impide cualquier atisbo de consulta. Pero también puede darse otro escenario: las encuestas reflejan que un 40% de catalanes se declaran independentistas y otros que no lo son, defienden el llamado "derecho a decidir". Esto puede indicar que muchos de ellos intentarán votar aunque sea sin urnas y papeletas suficientes, sin mesas electorales y sin un censo electoral que otorgue un mínimo de validez democrática a la consulta. La pregunta surge rápido: no se trata ya de que existan más votos positivos que negativos -con un voto positivo más se conforman- sino ¿cuántos ciudadanos se cuantificarán, en la huida hacia delante, para dar un "barniz de legitimidad" a una posterior declaración unilateral de independencia? O incluso, ante la imposibilidad material de la votación, ¿el Parlament se considera legitimado para dicha declaración? A la vista de los disparates vistos hasta ahora no podemos descartarlo; no creo que les importe mucho el coste de credibilidad y dignidad que sus iniciativas han supuesto. El procés continuará siendo un fracaso y una "farsa" democrática y los independentistas, para manipular la situación, seguirán con su papel de víctimas del Estado español. En todo caso, el Gobierno tendrá prevista la respuesta: está en juego el futuro electoral del PP y lo más importante, la fuerza democrática y moral del Estado español.

Podemos pensar en otra hipótesis: ante el fracaso de la consulta, Puigdemont opta por adelantar las elecciones catalanas. Si tenemos en cuenta el conjunto de las iniciativas adoptadas hasta ahora, la convocatoria de elecciones resultaría razonable. Abriría un abanico de oportunidades: los catalanes, independentistas o no, tendrían la oportunidad de valorar el papel y la responsabilidad de los partidos políticos a lo largo del procés. No pretendo caer en el voluntarismo, ya que es posible que el resultado de unas hipotéticas elecciones confirmen la división ciudadana y la deriva independentista. Pero también puede ocurrir lo contrario: se puede crear una dinámica que discurra por cauces de responsabilidad política: muchos ciudadanos son conscientes de que la incertidumbre creada ha perjudicado a la economía catalana y que la situación ha deteriorado la gestión por la Administración autonómica de los servicios públicos esenciales de los catalanes.

Y lo más importante, la oportunidad de abrir una vía, difícil y complicada para cerrar las heridas abiertas entre los catalanes y la reconciliación de todos los españoles. Es decir, la oportunidad de iniciar un proceso de diálogo y negociación que determine el encaje político, económico e institucional de Cataluña en España en el marco de una reforma constitucional. En síntesis, negociar la amplitud del autogobierno catalán; su trato singular en el marco autonómico sin provocar agravios entre las comunidades autonómicas y sin romper la igualdad entre los españoles. Para algunos, esto representara la cuadratura del círculo; para otros, la necesidad de un amplio consenso político y social que garantice la continuidad del proyecto común que es España.

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