Oscuro panorama económico para Cataluña

El paraíso republicano dibujado por Oriol Junqueras en La situació de l'economia en un Estat català, publicado el pasado día 15, puede convertirse en un infierno a juzgar por los efectos del proceso soberanista, y los que puedan producirse como consecuencia de las declaración de independencia y de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El efecto más comentado (y posiblemente el más determinante en el medio plazo) ha sido el incesante goteo de traslados de las sedes sociales de empresas fuera de la Cataluña. Un listado que supera las 1.500 empresas (aglutinan más del 30% del empleo), entre las se encuentran 6 de las 7 empresas del Íbex con domicilio en Cataluña y otras 7 que operan en el mercado continuo, entre ellas gran parte de las empresas señeras de la región. Desde el gobierno catalán se ha minimizado el impacto económico de esta emigración porque no se trasladan las sedes operativas, aunque Cataluña dejará de recaudar impuestos y tasas cedidas. Además, es previsible que la sede social exija con el tiempo la emigración de la sede operativa y, en muchos casos, de departamentos vinculados a éstas, mientras que la posible temporalidad del cambio de sede es muy cuestionable, pues ya algunas empresas han expresado su carácter definitivo y la experiencia independentista de Quebec en el último tercio del siglo XX pone de manifiesto que el camino de ida rara vez tiene vuelta atrás, y le sigue el empleo.

La situación está minando la confianza empresarial, por lo que, además de las fugas de empresas, se está reduciendo la creación de empresas (más de un 30% en septiembre) y aumentando el número de empresas que cesan su actividad. La incertidumbre política está afectando muy negativamente a la inversión, lo que deparará una reducción de la actividad que será perceptible en los próximos meses. En concreto, importantes proyectos de inversión se han paralizado. El más relevante es Hard Rock Entertainment World, un complejo de turismo, eventos, ocio y juego en la costa de Tarragona con una inversión prevista de 2.200 millones de euros.

El turismo es un sector en el que los efectos están siendo más visibles e inmediatos, con una reducción del gasto de 1.200 millones de euros (según la patronal Exceltur) y del 20% de los visitantes, que podría elevarse al 40% si la situación se agrava, lo que está provocando una caída de ventas en el sector de bares y cafeterías superior al 25%.

La situación política está afectando tanto a las exportaciones como al consumo interno. En relación con las exportaciones se están reduciendo las dirigidas al resto de España, que significan el 56% del total, mientras que varios indicadores del consumo coinciden en el signo negativo en septiembre: las ventas en las grandes superficies se han reducido cerca de un 20%, y algo menos las del pequeño comercio; se ha reducido la demanda eléctrica un 0,8%; la matriculación de vehículos industriales un 8,6% y la de turismos un 0,4%.

Aunque desconocemos el impacto en el empleo, éste se irá percibiendo en las próximas semanas, pues el traslado de sedes, la caída del turismo, el parón de las inversiones y la reducción del consumo y de las exportaciones terminarán expulsando a empleados del mercado de trabajo, cuya disminución de renta restringirá su demanda.

Por ello, todas las previsiones económicas coinciden en una reducción de la tasa de crecimiento del PIB para este año del orden de 1,5 puntos, mientras que para el próximo año inducirían a una recesión que para algunos sería más intensa que la iniciada en 2008.

En cualquier caso, es arriesgado hacer previsiones cuando muchas variables políticas y sociales pueden afectar a la dinámica económica de forma imprevisible. Entre ellas se podría encontrar los efectos boomerang de la actitud reiterada de las autoridades catalanas de no cumplir las leyes, lo que puede generar un marco de inseguridad jurídica poco propicia para la actividad económica. Pero los problemas se intensificarán si a la aplicación del artículo 155 responden las fuerzas independentistas con desórdenes públicos y resistencia o boicot por parte de los funcionarios.

En resumen, los efectos a medio y largo plazo del proceso separatistas ejercerán un efecto profundo en la economía catalana, y reducirá la base productiva con un una improbable reversión de todos sus efectos. La historia de este periodo dramático se escribirá con distintos enfoques, incluido el secesionista, pero todos tendrán que coincidir en la responsabilidad de los estrategas e impulsores del "procés" por generar tanto coste económico y tanto desgarro social inútilmente.