Tribuna

Francisco J. Ferraro

Miembro del Consejo Editorial del Grupo Joly

La corrupción está en el ADN de las instituciones

La corrupción está en el ADN de las instituciones La corrupción está en el ADN de las instituciones

La corrupción está en el ADN de las instituciones

Si bien desde Adam Smith los economistas han considerado que las instituciones son un factor determinante del desarrollo a largo plazo, la imprecisión del concepto las ha marginado del análisis económico, especialmente desde la mitad del siglo pasado cuando la investigación económica se apoya en estadísticas. Sin embargo, desde hace algo más de una década están elaborándose múltiples indicadores que permiten analizar sobre bases más sólidas la calidad institucional. Gracias a ello, la evidencia empírica entre calidad institucional y crecimiento económico está muy comprobada, como también la correlación positiva entre calidad institucional y emprendimiento, innovación, menor desigualdad, resultados educativos o reducción de la evasión fiscal.

Con creciente frecuencia, los medios de comunicación nos informan de algún indicador relativo a algunas de las variables que conforman el concepto instituciones, pero son escasas las investigaciones comprensivas de la calidad de las instituciones de un país como España, por lo que el informe para el Círculo de Empresarios La calidad de las Instituciones en España, presentado la semana pasada, merece ser reseñado.

El trabajo se centra en el análisis de instituciones españolas como el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así como la Administración pública y los órganos reguladores, con un balance muy ponderado, pues, si bien detectan problemas de calidad institucional profundos y diferenciales con nuestro entorno, en general la posición de España en el mundo es semejante a la que mantenemos en nivel de desarrollo. El problema no es tanto de nivel como de tendencia, pues lo preocupante es que se viene produciendo un deterioro institucional, que se inició en los años del boom inmobiliario.

Los autores destacan la "paradoja de la confianza institucional en España", pues los españoles "por una parte creemos que nuestras instituciones públicas (…) son de baja calidad, pero por otra valoramos de forma relativamente positiva nuestras experiencias con las instituciones públicas, sobre todo las prestadoras de servicios básicos". En concreto, los españoles confían en un 84% en los profesores de la Enseñanza Secundaria, en un 95% en la sanidad pública y en un 80% en las fuerzas de seguridad. Pero la confianza en el sistema político es mucho menor: los españoles son los europeos que menos confían en su Gobierno y en su Parlamento, destacando la baja valoración de los políticos (sólo un 13% los aprueban) y los partidos políticos (con un 20%).

La desconfianza en la política se ha intensificado notablemente con la crisis y con los casos de corrupción, siendo España el país de la UE donde más ha aumentado la percepción de corrupción en la última década (más de 20 puntos porcentuales), situándose en la posición 41 en el Corruption Perception Index de Transparencia Internacional. Una corrupción que afecta fundamentalmente a la política, pues la llamada corrupción "baja" o administrativa es reducida en España, como lo indica que sólo el 2% de españoles admitan haber pagado un soborno en los últimos 12 meses, siendo la media de la UE del 4%.

La singularidad de la corrupción política en España la explican los autores por el rápido desarrollo institucional de nuestro país, habiéndose creado múltiples entes y organismos públicos controlados por los partidos políticos, con capacidad regulatoria, de realizar contratos públicos, recalificar terrenos y otorgar licencias, mientras que la capacidad de control es débil y dependiente del poder político. Por ello, vienen a concluir que la corrupción "no está en nuestro ADN cultural ni en el de los partidos políticos", sino que "está inscrita en nuestro ADN institucional: unas organizaciones públicas altamente controladas por los partidos políticos gobernantes, que carecen de los pesos y contrapesos que velen por la integridad e imparcialidad en la acción pública".

Además de la corrupción, en el informe se abordan otros muchos aspectos relativos a las instituciones públicas españolas, tales como la transparencia, el sistema judicial, la regulación de los mercados, la educación o la gestión pública. Y plantean la necesidad de salir de la pasividad y de abordar reformas que institucionalicen el "reparto del poder"; es decir, que eviten la acumulación de la capacidad de toma de decisiones, o de ejecución de las mismas, en unos individuos, partidos o cuerpos cohesionados de intereses. Reformas no costosas económicamente y no políticas, pues tratan de mejorar la calidad de las instituciones, pero sin beneficiar a grupos sociales o a los partidarios de una ideología sobre otros, por lo que cualquier político que quiera mejorar el funcionamiento de este país debería leer y reflexionar lo que esta obra propone con independencia de su ideología.

MÁS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Ir a la sección Opinión »

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios