Acusan a un Juzgado de Motril de autorizar internamientos "colectivos" de inmigrantes

  • La práctica "vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva" y priva de un "acceso a la justicia" igualitario

Llegada al Puerto de Motril de los inmigrantes rescatados ayer. Llegada al Puerto de Motril de los inmigrantes rescatados ayer.

Llegada al Puerto de Motril de los inmigrantes rescatados ayer. / alba feixas/efe

Una patera con 34 personas a bordo fue rescatada la mañana de ayer a 11 millas de la isla de Alborán. En ella viajaban dos mujeres, una de ellas embarazada que tuvo que ser trasladada al hospital de Motril tras llegar a puerto, para practicarle una revisión y comprobar que tanto ella como el feto se encontraban en buen estado. Se trata de otro episodio más de llegada de inmigrantes a la costa granadina, una práctica que no para de crecer y que no solo ha causado problemas de saturación de los centros temporales de acogida, sino que también podría haber desembocado en un conflicto judicial.

Las organizaciones IRIDIA-Centre per la Defensa dels Drets Humans y SOS Racismo Madrid han presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como denuncia a las "autorizaciones colectivas de privación de libertad" de migrantes en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) efectuadas por un juzgado de Motril.

En el escrito registrado ante la Comisión Disciplinaria del CGPJ, ambas entidades denuncian una práctica que han detectado en "reiteradas ocasiones" por parte del Juzgado Mixto Nº4 de Motril para proceder al internamiento en estos centros de personas recién llegadas a las costas españolas.

Según explican estas organizaciones, "dicho juzgado ha autorizado el internamiento de forma colectiva en el CIE de Madrid de 40 personas en diciembre de 2015, 24 personas en marzo de 2017 y 9 personas en julio de 2017".

Así, tal y como apuntan, en el auto que ha motivado la denuncia el Juzgado indicó que "habida cuenta de que los interesados/as, mayores de edad, extranjeros/as, indocumentados, sorprendidos todos ellos en iguales circunstancias (…) han manifestado que carecen de domicilio, trabajo, propiedades o de cualquier otra circunstancia que evidencie en los mismos un mínimo de arraigo en España".

Este auto, que es de carácter "genérico y no individualizado" comprende el internamiento de 40 personas, de las que según estas organizaciones, se encontraban varias con arraigo familiar. En concreto, existiría el caso de un hombre casado y padre de dos menores cuya familia viajaba en la misma embarcación; una mujer víctima de mutilación genital femenina forzada y potencial solicitante de asilo; así como cuatro posibles menores de edad.

Según defienden, "no es una práctica aislada", por lo que manifestaron que seguirán investigando a otros juzgados que están realizando prácticas "idénticas" y aseguraron que no solamente vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, "dejando a las personas migrantes en situación de indefensión", sino que les priva del acceso a la justicia en igualdad de condiciones.

Además, avisaron de que ayer una comisión de observadoras de derechos humanos de las entidades denunciantes se encontraba en Motril, en el marco una visita de monitoreo de la situación de las personas que llegan por vías marítimas a la Frontera Sur, para elaborar un informe que será presentado ante el Congreso de los Diputados.

Ante todo ello, desde IRIDIA y SOS Racismo manifestaron que "lejos de generar procesos de reparación y atención humanitaria, se está priorizando el internamiento con prácticas ilegítimas como la privación de libertad en espacios no habilitados y mediante procesos no individualizados".

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