Andalucía Acoge pide el cierre del centro de inmigrantes del Puerto

  • La ONG apunta que la clausura podría evitarse con una mejora "importante" en sus instalaciones, tal y como recogió el informe del Defensor del Pueblo en 2009

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El secretario general de Andalucía Acoge, Mikel Araguás presentó ayer en Motril la campaña Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIEs con el objeto de pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros y denunciar el "oscurantismo con el que el Gobierno español está elaborando el reglamento que regulará el funcionamiento de estos centros".

A veinte metros del centro ubicado en el Puerto de Motril, Araguás, acompañado por miembros de Motril Acoge, reclamó los derechos de las personas detenidas en los centros de internamiento de extranjeros, "personas privadas de libertad que no han cometido otro delito que no tener la documentación adecuada para permanecer en España".

La campaña, que fue presentada simultáneamente en distintos lugares del territorio nacional, viene avalada por más de 3.000 firmas, entre las que se encuentran reconocidos juristas, artistas, periodistas y académicos que han querido sumarse a esta iniciativa en los últimos quince días y unos 400 colectivos entre los que se encuentran sindicatos, fuerzas políticas, colectivos religiosos u organizaciones no gubernamentales.

El secretario general de Andalucía Acoge recordó que el centro motrileño fue objeto de un informe del entonces defensor del Pueblo Español, Enrique Múgica, quien en la memoria del año 2009 denunció las condiciones en las que se encontraban las instalaciones de primera asistencia y detención de extranjeros del Puerto y consideraba que debían cerrarse y construirse unas nuevas o, en su defecto, acometer unas obras de mejora "importantes". El representante de esta ONG indicó que "de lo recogido en aquel documento poco o nada se ha hecho desde entonces".

Por ello, desde Andalucía Acoge piden una interlocución oficial que permita al movimiento asociativo y al resto de entidades implicadas una participación real en el debate en torno al futuro reglamento. "Por ello, este documento ha de garantizar el cumplimiento de todos los demás derechos: a la integridad física y psicológica, a la salud, a la asistencia jurídica y social, a la comunicación sin trabas y respetando el derecho a la intimidad, al conocimiento y ejercicio de sus derechos, a unas instalaciones en condiciones. Y en tanto los tiempos conduzcan a un cierre de estos centros, se ha de acabar con el oscurantismo sobre su funcionamiento, garantizando el respeto a los derechos fundamentales de los internos e internas, el acceso de las entidades sociales, y proporcionando información pública y estadísticas precisas sobre las personas que pasan por los CIES, su situación jurídica, la duración del encierro y la resolución final del mismo, su expulsión o puesta en libertad".

Según la memoria de 2010 de la Fiscalía General del Estado, durante el 2009 un total de 16.590 personas se encontraron detenidas en los nueve CIE oficiales existentes en España. Los CIE retienen a personas tan sólo por una infracción administrativa, como es no contar con la documentación necesaria para residir en España, una infracción equiparable a una multa de trafico.

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