Una nueva sentencia de la Audiencia de Granada ha absuelto a los tres acusados en el caso de la construcción en una zona protegida de Atarfe de Medina Elvira Golf, una macrourbanización de más de mil viviendas, después de que el Tribunal Supremo anulara el dictamen anterior también absolutorio.

La sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Granada ha absuelto de los delitos continuados de prevaricación ordinaria y urbanística, construcción ilegal, falsificación en documento oficial e inducción de un delito de prevaricación urbanística a los tres acusados.

Esta nueva sentencia contra la que cabe recurso de casación y fechada en noviembre se produce después de que el Tribunal Supremo (TS) anulara el pasado mes de julio el pronunciamiento en el que la misma sala absolvió a un promotor inmobiliario y al entonces arquitecto municipal de Atarfe (Granada).

El alto tribunal estimó parcialmente el recurso de casación interpuesto por la acusación popular, ejercida por varias organizaciones ciudadanas y ecologistas y representadas por el abogado y fiscal anticorrupción en excedencia Carlos Castresana, que pidió anular la sentencia y dictar una nueva sobre todos los hechos y delitos expuestos, "indebidamente excluidos del enjuiciamiento".

La Audiencia ha vuelto a dictar sentencia en la que ha repetido el fallo absolutorio para el promotor inmobiliario Maximiliano Balboa y los que eran secretario y arquitecto municipales en el momento de los hechos, José Antonio L.G. y Luis Gustavo G.C..

La causa se remonta al año 2005, cuando los acusados levantaron una urbanización de más de mil viviendas y un campo de golf en una zona calificada de máxima protección urbanística y excepcional valor medioambiental, la misma que el Generalife.

Según el relato de la Fiscalía, que solicitó penas de hasta dos años de prisión y veinte de inhabilitación, el empresario compró unos terrenos y junto a los otros dos imputados, inició un "amplio abanico de planeamientos urbanísticos" para "enmascarar la realidad" y permitir un proyecto que no se adecuaba a la legalidad vigente.

Entre los trámites administrativos acometidos por los acusados, el arquitecto certificó 417.600 metros de edificabilidad frente a los 161.800 permitidos, y se modificó la tipología de las viviendas hasta triplicar su capacidad, entre otras presuntas irregularidades.

Entre los años 2005 y 2007, el Ayuntamiento concedió licencias de obras para construir 1.574 viviendas frente a las 1.024 permitidas y autorizó construir un campo de golf en unos terrenos declarados como no urbanizables y protegidos.

Por estos hechos estuvo también acusado el exalcalde de Atarfe Víctor Sánchez (PSOE), que se enfrentó inicialmente a una petición de la Fiscalía de siete años de cárcel y 25 de inhabilitación para cargo público, aunque la Audiencia acordó suspender provisionalmente la causa contra él por motivos de salud.