El Ayuntamiento sexitano ha interpuesto una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial contra la jueza sustituta del Juzgado número 2 de Almuñécar, Marta Cortés, por distintas actuaciones que a su juicio vulneran su derecho constitucional a una tutela efectiva por parte de los tribunales de Justicia. La protesta se centra en diversos pleitos urbanísticos en los que se le atribuyen delitos contra la ordenación del territorio al alcalde, Juan Carlos Benavides, por asuntos que fueron aprobados durante el mandato de otros regidores.

De los catorce procesos judiciales que mantiene el Consistorio con la Junta de Andalucía por modificaciones puntuales al PGOU vigente, ocho se aprobaron siendo alcaldes Antonio Rebollo o Juan Luis González Montoro -durante el periodo de gobierno del tripartito PP-PSOE-PILH, entre 1999 y 2003-, pero sin embargo sólo está imputado Benavides. Por tanto, los abogados del Ayuntamiento entienden que se están dando "un cúmulo de actuaciones procesales que no son correctas desde el punto de vista técnico", según explicó el letrado municipal Francisco Gómez.

El anuncio de la presentación de la denuncia contra la magistrada fue realizado por Juan Carlos Benavides junto a su equipo de gobierno al completo y varios concejales que lo acompañaron en anteriores legislaturas. Su intervención se limitó a una declaración institucional en la que no admitió preguntas de los medios y en la que criticó "el repetido intento de instrumentalizar la justicia por quienes son incapaces de derrotarnos en las urnas".

Para el regidor, "se criminaliza la política municipal con decenas de denuncias, todas coincidentes en su origen y objetivos", todo ello creando un "estado de opinión mediante campañas mediáticas teledirigidas, perfectamente organizadas y generosamente pagadas". Y añadió que "la justicia, que busca el esclarecimiento de la verdad, intenta sustituirse por una justicia inquisitorial, donde la presunción de culpabilidad sustituya a la presunción de inocencia".

El alcalde considera que "las presuntas responsabilidades derivadas de los acuerdos de los órganos colegiados, en la mayoría de las ocasiones adoptados por unanimidad de todos los partidos políticos, se individualizan sistemáticamente en Juan Carlos Benavides, con violación del artículo 14 de la Constitución Española, incluso los aprobados cuando estamos en la oposición". Otras cuestiones que criticó son "la utilización indiscriminada y desproporcionada de medidas cautelares", o la "sistemática elevación a juicio de denuncias carentes de la más mínima solidez administrativa", lo que conlleva "la pena de banquillo y el consiguiente linchamiento mediático".

Por último, el alcalde expresó su "confianza en una justicia con mayúsculas, no contaminada por campañas mediáticas y no influenciada por los intentos de instrumentalizarla por el poder político". Y se preguntó "quién repone los daños" tras años de procesos judiciales "y linchamientos mediáticos" en los que la justicia "proclama una vez más nuestra inocencia".