La guerra por el agua amenaza con enfrentar a los pueblos del norte de la provincia de Granada. La denuncia por el trasvase de agua del embalse del Portillo a la localidad de Baza, que Ecologistas en Acción presentó ante la Fiscalía del TSJA contra la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y las movilizaciones emprendidas por el gobierno de Cortes de Baza han llevado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) a dar por primera vez sus razones para emprender la citada obra de emergencia.

Desde la CHG se ha planteado la obra como un proyecto de emergencia ante la situación "crítica" del acuífero del que se surte Baza (22.100 habitantes) y del que también dependen 4.543 hectáreas de regantes que tienen derechos históricos adquiridos. El acuífero está "sobre explotado" y su situación se ha visto agravada por la sequía, que ya está teniendo efectos devastadores sobre los dos manantiales que proveen agua al acuífero de Baza.

Según los datos aportados por la CHG, el manantial de San Juan dejó de aportar agua en febrero de 2004 mientras que el de las Siete Fuentes ha pasado de suministrar 169 litros por segundo en noviembre de 1993 a tan sólo 85 en febrero de 2007, justo la mitad si se tienen en cuenta los aforos facilitados por la administración.

El trasvase no sólo abastecerá "agua para beber" a la población de Baza sino también a la de Caniles, Cúllar, Freila y Zújar; en total 40.000 habitantes que, según la CHG, "podrán tener agua más barata, porque no será necesario el bombeo, y de mayor calidad".

¿Cuál será el coste que deberá pagar el río Castril y, por extensión, el ecosistema natural? Según los ecologistas y el Ayuntamiento de Cortes de Baza, la extracción de más agua del río Castril acelerará la desertización de la comarca. Sin embargo, la CHG sostiene que no llegará al 10 por ciento el agua que se detraiga del río y, por tanto, no causara daño ambiental alguno. Los aforos de los últimos 9 años del río Castril, según la CHG, establecen que la aportación media anual al embalse del Portillo es de 60 millones de hectómetros cúbicos al año. La CHG calcula que lo que se necesita para abastecer a la población son 4 millones de hectómetros cúbicos anuales aunque la conducción que ya se está instalando permite transportar un máximo de 6.

Los ecologistas, que han denunciado el oscurantismo a la hora de emprender el entubamiento, sostienen que no se da ninguno de los tres supuestos (riesgo de catástrofe, peligro para la población o una cuestión de defensa nacional) para declarar la obra de urgencia. Con ello se evita la declaración de impacto ambiental.

La CHG ya ha recibido un requerimiento de la Fiscalía para que aporte documentación a la denuncia presentada por Ecologistas que acusa a la ministra de un presunto delito de prevaricación. Sostiene que en abril del pasado año informó de la actuación a Ecologistas en Acción que solicitó los detalles del proyecto de construcción, un documento que no es preceptivo por tratarse de una obra de emergencia.