En 2006 comenzó el calvario por el que María del Carmen González y su familia afirman que están pasando. Mientras que la ejecución del último tramo de Autovía del Mediterráneo a su paso por Granada supuso la alegría de miles de personas, ya que era el final de la A-7, para ellos ha tenido más sinsabores que otra cosa, ya que desde su tramitación tuvo lugar el principio de sus problemas.

Una finca descuartizada, un camino inaccesible, falta de riego, pagos pendientes y por cantidades vergonzosas… Esta vecina de Motril de 75 años, propietaria de fincas en las zonas de La Rijana y Zacatín, tiene en lo que pensar por las noches, pero lo peor de todo señala que es la ocupación de varias fincas que nunca han sido expropiadas, según asegura. Por ellas paga el IBI y abona incluso multas de actos en los que no tiene nada que ver, tal y como viene denunciando desde hace años a través de múltiples escritos que invaden ya su casa.

Ha pagado el IBI y dos multas por dos incendios provocados por los trabajos en la vía

María del Carmen es propietaria de una serie de fincas rústicas de regadío (ya que cuentan con derecho a agua de la comunidad de regantes La Unión), concretamente de las parcelas 230, 549 y 541 del polígono 6 de Gualchos, en la zona llamada Pago Cerro del Rayo. Según la medición realizada por un perito en 1996, dichos terrenos tenían unas superficies de más de 145.000 metros cuadrados la primera, 2.777 la segunda y casi 5.000 la tercera.

El 18 de septiembre de 2012 se firmó el acta previa a la ocupación de esta última parcela, en la que se puso de manifiesto que se iba a realizar una ocupación temporal de 533 metros cuadrados, a lo que María del Carmen ya puso de manifiesto en el mismo documento que la finca sufriría una depreciación.

Un informe de un ingeniero técnico agrícola de 2014 recoge cómo se personó en el lugar y comprobó que en aquel entonces se estaban ejecutando las obras de la A-7 y que, con ellas, "la finca catastral 541 del polígono 6 de Gualchos ha desaparecido por completo, tanto en su forma como en su orografía por el movimiento de tierras realizado por la empresa constructora". Tan sólo habían quedado "taludes de grandes dimensiones que imposibilitarán por completo y en un futuro la explotación agronómica de la misma". Lo mismo ocurría con la número 230 del mismo polígono que, además se ve afectada por el ensanche de un camino de servicio, que restaron 677,21 metros cuadrados de la parcela. "También se ha destruido, por las obras, la arqueta de registro de la toma de agua de las fincas" y "la acequia revestida que conducía desde la alberca existente en el barranco y que existía desde tiempo inmemorial", pone de manifiesto un certificado de la Comunidad de Regantes La Unión, que la afectada también enseña.

En la fotografía del perito se observa cómo hay un enorme agujero, como si fuera el resultado de una enorme explosión, y abajo hay varias casetas de las que se utilizan en las obras. Según afirma la hija de la propietaria, María Ángeles Molina, "allí teníamos pensado plantar frutos subtropicales, que a mis hijos que están en paro les vendrían muy bien y que ahora están hechas polvo".

Ya que estas fincas han quedado destrozadas, lo que propone María del Carmen González es que sean expropiadas. Entre las tres suman un total de 8.633 metros cuadrados (unos 16 marjales). "Es un atropello", dicen tanto esta mujer como sus hijos.

En los terrenos que pertenecen a su familia desde 1947 también se han sufrido expropiaciones, aunque en otras fincas. Las primeras se produjeron hace once años. Luego, se han ido partiendo una y otra vez, hasta un total de tres. A esto se suma que les han dejado sin riego en cuatro de ellas, que tampoco pueden explotar. "Deberían de haber dejado el paso por debajo o por vía aérea", dicen sus hijos que no se resignan. A todo ello, se une el "inconveniente" de que en las fincas expropiadas por líneas de alta tensión "que suponen otra autovía" (en sentido figurado), no se pueden poner árboles por debajo de estos grandes palos, por lo que de nuevo ven limitadas sus plantaciones.

Además, hay pagos pendientes, no sólo intereses de las primeras cantidades, sino otras que encima les han valorado de manera "irrisoria", como a poco más de 1 euro el metro cuadrado. "Cualquier maceta en la plaza vale más que eso", alega María del Carmen, que se muestra cansada de gastar miles de euros en reclamaciones y peritos. También de pagar el IBI rústico y las multas correspondientes a dos incendios, uno en 2014 y otro en 2015, por los que tuvo que abonar unos 2.000 euros (entre los dos), cuando la propietaria explica que las fuerzas de seguridad constataron que se produjeron por la soldadura de un obrero y otro por una voladura en los trabajos de la autovía. "Desde Demarcación de Carreteras nos comunican que se van a reunir con nosotros, pero nunca llega la carta para ello". "Estamos desesperados", clama.