Diputación 'blinda' sus centros sociales para mejorar el servicio y el empleo

  • El PP anunció ayer que recurrirá la modificación de la RPT al considerarla "poco transparente"

La modificación responde a un acuerdo firmado con los sindicatos en 2016. La modificación responde a un acuerdo firmado con los sindicatos en 2016.

La modificación responde a un acuerdo firmado con los sindicatos en 2016. / g. h.

El pleno de la Diputación de Granada aprobó ayer modificar la estructura de los centros sociales de Armilla y de Huéscar para asegurar su mantenimiento y los servicios públicos que presta a 450 personas de la provincia. Se trata de "consolidar el empleo y garantizar su futuro", según indicó la Diputación, que explicó que este cambio responde a un acuerdo firmado en julio de 2016 con los sindicatos de la institución provincial para fortalecer los servicios que presta, así como contar con el número de puestos de trabajo necesarios para prestar una atención adecuada a los usuarios y a sus familias y, al mismo tiempo, "hacer los centros sostenibles económicamente y más rentables socialmente".

El diputado provincial de Recursos Humanos, Economía y Patrimonio, Manuel Gómez, explicó que los centros sociales "continúan con un sistema de gestión pública directa y con mantenimiento del empleo público, con el objetivo de hacerlos sostenibles y mejorar la atención y el servicio a los ciudadanos en condiciones de calidad".

Los centros de Armilla y Huéscar tienen un coste anual de 23 millones de euros

La modificación de la estructura de los centros sociales tiene por objeto hacerla más sostenible y operativa, y reducir el gasto en cargos. Esta decisión forma parte de una serie de medidas que se irán adoptando para "reducir el desequilibrio presupuestario existente en los centros, que asciende a 18 millones de euros".

Los centros sociales de Diputación tienen un coste anual de unos 23 millones de euros. En menos de un año, la institución ha logrado aumentar el número de plazas concertadas en 33.

Este último es uno de los objetivos del acuerdo firmado con los sindicatos, que establece, entre otras prioridades, "mantener los servicios públicos que prestan los centros con la mayor calidad posible, de acuerdo con las ratios públicas, iniciar un proceso de mejora de sostenibilidad de los centros, establecer planes de formación para los trabajadores y poner en marcha medidas e inversiones encaminadas al ahorro energético", según informó la Diputación.

Así, la propuesta aprobada constituye un primer paso para reducir costes y hacer los centros más sostenibles. A esta circunstancia responde "la racionalización general de la estructura de puestos de trabajo", así como "la creación de departamentos específicos y la redimensión de la estructura organizativa".

Que la propuesta fuera aprobada ayer en pleno no significa que sea compartida por todos los grupos políticos de la Diputación. El PP, de hecho, anunció ayer mismo que presentará un recurso contra el acuerdo de modificación de la relación de puestos de trabajo en los centros sociales dependientes de la institución provincia. El grupo popular afirmó que cree que el acuerdo "vulnera" los derechos de los diputados a que los asuntos "que no presenten la claridad suficiente" sean sometidos a votación cuando un partido político pide que se quede sobre la mesa.

El PP, que mantiene que ha habido "falta de información y detalle en el expediente justificativo" de esta modificación en la plantilla de los centros sociales, pidió al presidente de la Diputación, José Entrena, que el asunto quedase sobre la mesa, como reconoce el reglamento orgánico en su artículo 25, hasta clarificar los puntos "poco transparentes" que "ni los diputados del PSOE sabían justificar".

Según detalló la diputada provincial del PP Soledad Martínez, algunos de estos puntos eran que "no se definía el contexto general" en el que se aplicará la modificación de los puestos de trabajo de los centros sociales. Sin embargo, lo que, a juicio de la dirigente popular, es "más grave y un ataque a la democracia" es que José Entrena haya incumplido "a sabiendas" el compromiso adquirido en el pleno de junio pasado sobre que se celebraría un pleno extraordinario específico solo para debatir el modelo de funcionamiento de los centros sociales.

"No solo no se ha celebrado este pleno, sino que han convocado otro extraordinario con bastante prisa para aprobar de forma definitiva la modificación de los puestos de trabajo, a pesar de que la propuesta adolece de una falta de transparencia en la hoja ruta que el gobierno provincial se ha marcado respecto al futuro de los centros sociales, y no hay una visión global sobre cuáles son sus intenciones para el futuro de la institución y los centros", ha criticado Martínez.

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