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Ecologistas en Acción alerta de un "pelotazo urbanístico" en la Vega

  • El proyecto pretende la recalificación de una plantación de 22.000 metros cuadrados donde se construiría una superficie comercial

El Ayuntamiento de Motril aprobará en el próximo pleno, previsto para el 8 de noviembre, con los votos del equipo de gobierno (ocho del PSOE y cinco del PA) y el respaldo del principal partido de la oposición (los diez concejales del PP) la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para convertir el MOT 21 en terreno urbanizable.

El proyecto pretende la urbanización de un espacio de la Vega motrileña de 22.000 metros cuadrados de chirimoyos, con una inversión cercana a los 10 millones de euros, y que generaría un centenar de puestos de trabajo, para edificar un parque comercial en el que se instalarían firmas entre otros como Decathlon, Mercadona o Burger King.

En concreto, en esta sesión se dará respuesta a las alegaciones presentadas por la organización ecologista Buxus, la Asociación de Comerciantes de Motril, la Junta de Compensación del MOT 5, Ecologistas en Acción y el grupo municipal de Izquierda Unida.

Ecologistas en Acción denuncian que los terrenos están clasificados como suelo no urbanizable de protección agrícola, cultivo tradicional, según el PGOU vigente en Motril, que fue redactado bajo la dirección de Marifé Montero, cuando dirigía como arquitecta municipal el Servicio de Urbanismo de Motril, ahora viceconsejera de Presidencia y Administración Local. Por eso y porque desde ese cargo tiene competencias en materia de transparencia, desde Ecologistas en Acción han dirigido comunicación indicándole los graves incumplimientos de la Ley de Transparencia Publica de Andalucía y del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica que se está produciendo en la tramitación de lo que han calificado de "pelotazo urbanístico".

"Las expectativas de reclasificación a suelo urbanizable con uso terciario comercial para instalar grandes centros comerciales no deberían condicionar las decisiones e informes de funcionarios públicos del Servicio de Urbanismo de Motril, ni tampoco los intereses empresariales o políticos influir en los informes de la Secretaría General del Ayuntamiento de Motril", denuncian los ecologistas.

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