Los grupos municipales de PSOE e IU en el Ayuntamiento de Guadix criticaron ayer de manera contundente que el equipo de gobierno del PP haya concedido al edil responsable de Economía y Hacienda, Jesús Lorente, un sueldo de 54.000 euros al año.

Los socialistas remarcaron que esas retribuciones suponen un incremento de 1.129 euros respecto a su sueldo actual. Su portavoz, Manuel Gómez Vidal, precisó que Lorente "va a ganar más del doble que la otra concejal liberada por el PP, que percibirá 24.000".

Hizo otra comparación, ésta por elevación: el responsable de Hacienda ganará dos mil euros al año más que el alcalde de Baza, Pedro Fernández.

"El sueldo de Lorente se salta a la torera el acuerdo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, que establece los sueldos máximos para los concejales y que, en el caso de Guadix, serían de 49.000 euros como tope", continuó Gómez Vidal, que exigió que al menos Lorente deje de cobrar por su pertenencia a las empresas municipales de vivienda y agua y por acudir a las asambleas de CajaGranada, algo a lo que el PP se negó.

Por su parte, el portavoz de IU, Manuel Ortiz, se refirió al pleno que aprobó la remuneración de Lorente como "el de los sueldazos" y se lamentó de que su formación quisiera poner "algo de sentido común" y recibiera a cambio "insultos y menosprecios".

Lo que percibe el concejal de Hacienda y Economía es, a su juicio, "una cantidad injustificable, especialmente en tiempos de crisis". De hecho, IU propuso, para ajustarse lo más posible a los criterios de austeridad, que no sólo se eliminara la asignación municipal a los grupos políticos, sino también la de los concejales no liberados por asistencia a plenos. "Se hubieran ahorrado 3.570 euros al mes y con ese dinero se habría podido crear una bolsa de trabajo para atender a personas con difícil inserción en el mercado laboral", explicó. Su propuesta fue rechazada y el PSOE la calificó de "demagógica".

También censuró IU la composición de las comisiones informativas, al entender que con la propuesta del gobierno popular se pretende "sacar a los grupos de la oposición de los órganos de contratación, donde se decide a quién se compra, a quién se contrata las obras y qué personal las hará. Así se entra en un terreno muy peligroso, ya que los únicos que controlan son ellos mismos". La medida, que salió adelante con los votos del PP, fue calificada como "una auténtica cacicada" por el portavoz de la formación izquierdista.