El PP ha denunciado hoy que la Junta de Andalucía y el Gobierno central aún no han pagado unos 3,1 millones de euros que adeudan a 21 ayuntamientos de la provincia de Granada por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de características especiales que afectan a varias presas y embalses granadinos.

Según ha explicado en rueda de prensa la diputada nacional del PP Concha de Santa Ana esta situación afecta a las presas de Iznájar, El Portillo, el embalse del Negratín, la presa de Francisco Abellán, la de Canales, el embalse de la Laguna de las Yeguas, los Bermejales, Cubillas y el de Quéntar.

Estas presas afectan a un total de 21 municipios entre los que se encuentran, Algarinejo, Loja, Castril, Zújar, Benamauel, Cortes de Baza, Cuevas del Campo, Freila, Baza, La Peza, Cortes y Graena, Pinos Genil, Güejar Sierra, Dílar, Alhama de Granada, Arenas del Rey, Colomera, Albolote y Quéntar.

De Santa Ana ha recordado que el traspaso de competencias de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir del Estado a la Junta de Andalucía se produjo el 1 de enero de 2009, por lo que, dado que la deuda corresponde al ejercicio 2008, debe ser el Gobierno central el que la satisfaga.

"No entendemos cómo la administración grande se puede estar comiendo a la administración pequeña", ha lamentado la diputada nacional del PP, quien ha calificado de "gravísima" la situación económica por la que atraviesan estos municipios, muchos pequeños y con unos presupuestos reducidos.

Por su parte, el portavoz de los populares en la Diputación de Granada, José Antonio Robles, ha indicado que el PP efectuó esta denuncia pública el 20 de abril, y que al día siguiente el delegado de Medio Ambiente de la Junta, Francisco Javier Aragón, aseguró "solemnemente" que pagaría estos recibos e impuestos entre abril y mayo del 2009, y no lo han hecho.

Robles ha denunciado las "mentiras" del delegado, que a su juicio podría sufrir "el síndrome del delegado o del alto cargo" porque ha sido alcalde de Las Gabias y "sabe de las dificultades" que tienen los municipios cuando sufren estos impagos.

El diputado popular ha asegurado que el delegado "mintió" cuando dijo que se había puesto en contacto con los ayuntamientos y cuando afirmó que no se le había comunicado las variaciones catastrales a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ya que en algunos casos las tiene recurridas.

"La situación económica de los ayuntamientos es dramática", ha dicho Robles, ya que han pasado cinco meses del ejercicio 2009 y aún les adeudan los tributos del año pasado, mientras los consistorios deben efectuar sus pagos a sus trabajadores y a las empresas que les proporcionan los suministros.

El PP ha dado de plazo hasta el 30 de junio para que la Diputación provincial reclame el pago de estos tributos y han anunciado movilizaciones si para esa fecha no se han saldado las deudas actuales con los ayuntamientos afectados.