La situación financiera del Ayuntamiento de Loja se agrava aún más. Según los datos hechos públicos ayer por el nuevo equipo de gobierno local (PP-CpL), la deuda total del Consistorio asciende a 27 millones de euros. Es la suma de los 19 millones que se adeudan a bancos y cajas en concepto de préstamos e intereses y los 7,8 que se deben a proveedores.

La concejal de Hacienda, María Jesús Ruiz Azañedo, atribuyó estas cifras a la "nefasta" gestión económica del anterior gobierno socialista que "ha esquilmado los recursos del Ayuntamiento sin realizar unas verdaderas políticas de contención del gasto y una mejor gestión económica de las arcas municipales". Una gestión, aseguró Ruiz Azañedo, que ha dado como resultado un Ayuntamiento "lleno de deudas" y con "dificultades" para pagar a los proveedores, lo que ha dejado a muchas empresas "sin poder llegar a fin de mes".

Según la concejal, los problemas de liquidez con los que actualmente se encuentra el Consistorio ponen en riesgo el pago de algunos servicios básicos para el municipio. Según los datos facilitados, el Ayuntamiento debe, entre otros conceptos, 2,1 millones de euros al servicio de recogida de basura, 210.000 euros a la empresa que suministra la electricidad y 150.000 euros a la compañía telefónica.

Ruiz Azañedo aseguró que las deudas se van a ir pagando "poco a poco" haciendo una mejor gestión del gasto, priorizando los pagos "y no gastando el dinero innecesariamente porque ese dinero viene directamente del bolsillo de los ciudadanos". Dejó claro que los recortes en el gasto no van a redundar en los servicios que presta el Ayuntamiento, que se van a mantener "pero con una gestión más eficaz".

La concejal criticó que el anterior equipo de gobierno realizara unos presupuestos "ficticios e irreales" con unos ingresos que "sabían que no iban a tener" pero necesarios "para que cuadrara el presupuesto y para que los 600.000 euros de gasto en sueldos de concejales liberados y personal de confianza se mantuviesen todos los años". Precisamente, la reducción a la mitad del presupuesto destinado a esta partida ha sido la primera medida de austeridad que ha puesto en marcha este nuevo gobierno.

Por su parte, el segundo teniente de alcalde del Consistorio lojeño, Antonio Ramón Molina, calificó de "gravísima" esta situación económico-financiera. "Tenemos que hacer frente a las deudas contraídas con bancos y proveedores, a la vez que responder a las demandas de los ciudadanos que no han sido satisfechas, y esto no es nada fácil", afirmó. Por ello, pidió "comprensión y paciencia" a los lojeños: "sabemos que hay baches que no se han arreglado desde hace tiempo. A todos los problemas vamos a darle respuesta, pero en la situación en la que estamos no podemos hacerlo en dos días".

Molina anunció la elaboración de un plan general de saneamiento y otro para atender las demandas de los proveedores a los que se les debe dinero. Además, aseguró que la eficacia y eficiencia en la gestión van a ser los criterios a seguir durante los próximos cuatro años por parte del nuevo equipo de gobierno. "Vamos a ver qué cuesta prestar los servicios y de qué forma se pueden generar ingresos para cubrir esos servicios".

Por último, el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, aseguró que con esta realidad económica se van a tener que tomar medidas "urgentes y drásticas" para reducir el gasto. "Nuestra pretensión es que vayan de arriba hacia abajo, primero tocando los cargos políticos y el personal de confianza e ir reduciendo hacia abajo para que llegue lo menos posible al ciudadano, aunque se van a tomar medidas que no van a ser demasiado populares", advirtió.

Camacho lamentó no haber tenido un traspaso de poderes por parte del anterior equipo de gobierno. "Desde el lunes que llegamos aquí no ha aparecido ningún concejal ni el alcalde anterior para que nos dijera qué era lo más urgente y la situación en la que estábamos". Esta circunstancia, aseguró Camacho, "sólo perjudica al municipio, por lo que no es la actitud más propicia en ese clima de entendimiento que pretendemos tener".