La Audiencia de Granada condena a la exalcaldesa de La Tahá de Pitres Rosario Fernández (PSOE) a cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación y otro de falsedad por la "obtención ilegal de financiación" para el Ayuntamiento mediante renovaciones del crédito que solicitó el consistorio para afrontar el pago de la construcción de un instituto financiado por la Junta.

La Sección Primera de la Audiencia ha condenado, además, al que fuera secretario interventor de La Tahá, a tres años de prisión y siete de inhabilitación por los mismos delitos que a la exregidora, aunque a él se le ha aplicado la atenuante de confesión, tras haber reconocido su participación en los hechos y haber colaborado con la justicia para su esclarecimiento.

El exsecretario confirmó durante el juicio la existencia de irregularidades, reconociendo que las renovaciones del crédito se llevaron a cabo porque el dinero "se había gastado antes", y pese a que generaron intereses "inasumibles" para las arcas públicas: "confié en los políticos y la bola se hizo grande", llegó a reconocer ante el tribunal.

Según consta en la sentencia, el Ayuntamiento "arrastraba una mala situación económica" debido, entre otras razones, a que llevaba varios años sin cobrar los recibos de agua, basura y alcantarillado; tampoco tenía los presupuestos aprobados y había estado realizado gastos sin consignación presupuestaria. Esta falta de liquidez impedía recurrir a un préstamo a largo plazo, de forma que la alcaldesa y el secretario decidieron recurrir a estas renovaciones de crédito para conseguir financiación de manera irregular.