El PP de Caniles informó ayer de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Granada ha declarado ilegal la licencia del tanatorio concedida por el Ayuntamiento en la calle Fiñana. Para los populares, esta sentencia ha dejado claro que la falta de regulación en las normas subsidiarias, como justificaba la alcaldesa del PSOE, "no le han permitido imponer su voluntad, concediendo una licencia de apertura irregular a un tanatorio".

"La sentencia no es firme, pero deja claro que no se pueden adaptar las leyes en cada momento y según la necesidad, sino que todos tenemos que acatar la ley, y que en Caniles se han de aplicar las mismas que rigen en el resto de España", apostilló el PP de Caniles. Los populares se han hecho eco de las quejas de los vecinos de la calle Fiñana, con quienes se reunió la alcaldesa, "y a los que además de no escuchar, intentó coaccionar diciéndoles que todo era legal y prometió que si había un resquicio de ilegalidad le quitaría la licencia a la actividad, como así también reconoció en los medios de comunicación".

El grupo popular criticó que, a pesar de la sentencia del juez, la alcaldesa socialista siga afirmando que la licencia se ajusta a la más estricta legalidad. "¿Esto quiere decir que la magistrada se ha equivocado? Y si se lo vuelven a tumbar en el TSJA, ¿a qué legalidad se estará refiriendo?", plantearon los populares.

El PP de Caniles aclaró que siempre ha apoyado a los vecinos. "En una reunión anterior a la celebrada con la alcaldesa, pusimos en conocimiento de los vecinos esta situación irregular y, en la campaña para las elecciones municipales, preferimos esperar al veredicto de la justicia y no seguir el ejemplo de la alcaldesa, que insultó a los dueños del tanatorio que venía funcionando desde 1999, culpándolos de toda la polémica, cuando éstos ni figuran en la demanda".

El PP de Caniles pidió a la alcaldesa que acate la sentencia, "pues ésta es muy clara y el equipo de gobierno socialista debe asumir su responsabilidad". "Aquí si alguien ha prevaricado, y eso nos lleva a una responsabilidad civil y a una responsabilidad penal y de inhabilitación para cargo público, lo lógico en democracia es que los responsables lo asuman, dimitan y paguen el daño causado por la mala gestión realizada", sostiene.