El presidente del PP en Víznar, A. G., se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados por, presuntamente, haber falsificado un sello de la Junta de Andalucía en la venta de un inmueble suyo del pueblo cuando aún no ocupaba el cargo. El caso, que ha sido investigado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, se encuentra pendiente de que se celebre en otoño el juicio, después de que fuese suspendida la vista el pasado lunes en el Juzgado de lo Penal 5 de la capital, según fuentes de esta causa judicial.

Granada Hoy ha tenido acceso tanto al auto de apertura de juicio oral, dictado el pasado mes de febrero, como a los escritos de acusación de la Fiscalía y del Ayuntamiento de Víznar, que ejerce la acusación particular.

En su calificación provisional, el fiscal atribuye al procesado un posible delito de falsedad en documento público, por el que solicita que sea condenado a un año de prisión, así como al pago de una multa de 2.700 euros.

Por su parte, el Ayuntamiento de Víznar reclama dos años de prisión para el encausado como presunto autor del mismo delito y eleva la multa que reclama a 3.000 euros.

En su escrito, el Ministerio Público sostiene que el acusado habría cometido la supuesta falsedad, "tras haberse incoado por el Ayuntamiento de Víznar expediente sancionador contra el mismo, derivado de no haber comunicado a dicha entidad local, en el plazo de 30 días, la venta de un inmueble, eludiendo así el pago del impuesto derivado de la plusvalía". Para el Ministerio Fiscal, A. G. actuó "con pleno conocimiento y con el fin de ganar el recurso posteriormente interpuesto contra dicha resolución administrativa", cuando presentó, como documental acreditativa de sus alegaciones en el citado recurso, "un documento dirigido a la Delegación provincial de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, con el sello de entrada en la misma de fecha 22 de agosto de 2008, que una vez examinado por peritos expuestos, ha sido manipulado".

En este punto, la Fiscalía aclara que "el sello de entrada que consta en el mismo y que resultaría determinante en orden a ganar el recurso planteado por el acusado es un reproducción electrostática (fotocopia) de una matriz original previo escaneo". Así lo determinaron los peritos del Departamento de Grafística de la Guardia Civil.

Por su parte, la acusación particular detalla que el Ayuntamiento de Víznar, cuyo abogado es Alfredo Ruiz, al recibir aquel recurso, realizó "las gestiones oportunas" ante las delegaciones de Igualdad y la de Fomento de la Junta, "al objeto de verificar la veracidad de las alegaciones vertidas en el recurso por parte de ambas administraciones", que certificaron "que la citada solicitud y contrato de compraventa no han tenido entrada en las mismas". Esta parte, junto a la pena de prisión, pide que el procesado sea suspendido de empleo o cargo público por tiempo de tres años "dada la condición de funcionario público del acusado".

Este diario contactó ayer con el presidente del PP de Víznar para recabar su versión, pero éste prefirió no pronunciarse hasta la celebración del juicio, que será en noviembre.