Cuatro sentencias judiciales obligan al Ayuntamiento de Almuñécar a conceder unas licencias de construcción que en su día denegó, a raíz de una medida municipal que suponía modificar los criterios urbanísticos sobre terrenos afectados al PGOU de 1987, actualmente en vigencia. Esta situación supuso, según el Partido Popular, la paralización de quince proyectos que hubieran generado "decenas de puestos de trabajo".

Las sentencias dejan sin efecto un acuerdo de la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento adoptado en septiembre de 2007, por el que se modificaban los criterios para la concesión de licencias en las zonas del municipio afectadas por ordenanza residencial extensiva del PGOU de 1987. Según indicó el PP de Almuñécar, el alcalde, Juan Carlos Benavides, "justificó este cambio en que, supuestamente, la Junta había requerido al Ayuntamiento para que rectificara los criterios de interpretación del PGOU del 87, y así evitar la contenciosidad". Sin embargo, añade que "no existe ningún requerimiento de la Junta en ese sentido".

"Desde el PP ya pedimos a Benavides en varias ocasiones que se siguieran concediendo las licencias con arreglo a la normativa que se había aplicado en Almuñécar desde hacía veinte años, hasta que se aprobara el nuevo PGOU, pero él ha preferido mantener su postura", indicó la formación opositora, explicando que los promotores afectados acudieron al Juzgado de lo Contencioso Administrativo. "En la última semana han recaído cuatro sentencias que quitan la razón a Benavides y confirman la postura del PP y de los promotores perjudicados", añadió.

Los populares explicaron que según las resoluciones, "las licencias deben seguir concediéndose con arreglo a los criterios del PGOU de 1987, ya que los nuevos criterios de interpretación suponen una modificación o innovación a ese Plan, que no puede ser aprobada por un acuerdo de Junta de Gobierno Local". Señalaron además que las sentencias "confirman que el acuerdo se adoptó por un órgano manifiestamente incompetente y sin seguir el procedimiento legalmente establecido, sin haberlo sometido a informes técnicos y jurídicos y sin motivación alguna".