Estos días se habla de las consecuencias negativas que tiene la actual normativa ya que impide a fundaciones públicas renovar a sus investigadores y pone en peligro estudios sobre el cáncer y las enfermedades cardiovasculares ya que se estaría poniendo en riesgo la renovación de decenas de contratos que dejarían en suspenso el desarrollo de investigaciones punteras en materia de Genómica, cáncer, enfermedades cardiovasculares y otras muchas.

Una pésima noticia que espero no se haga realidad y que antes de llegar a una situación tan negativa, el Gobierno encuentre una solución que evite la salida de los investigadores y la afectación de los proyectos de investigación en curso.

La verdad es que la gestión de la investigación requiere usar diferentes mecanismos de gestión que permitan desarrollar con agilidad las acciones y medidas necesarias para que sea posible la consecución de los objetivos propuestos en cada proyecto.

El impulso de la investigación y la inversión en la I+D+i biomedical es una manera de apostar por un futuro mejor y por tener un modelo productivo que, basado en el conocimiento, genere valor añadido relevante y tenga impacto en términos de sostenibilidad de las inversiones.

De igual forma, el hecho de que para muchos de estos procesos de investigación intervengan multitud de profesionales de diferentes especialidades y ramas de conocimiento al tiempo que se usen los recursos del sistema sanitario, pone de relieve la importancia de disponer de un bien sistema universitario y se un buen sistema sanitario que en colaboración con las empresas que invierten en investigación puedan generar beneficios en el más amplio sentido del termino.

Beneficios sociales, económicos, tecnológicos, sanitarios y de todo tipo que permiten que el valor añadido de los esfuerzos de inversión en investigación sean de una rentabilidad enorme.

Por eso, es de enorme preocupación el hecho de que la gestión de la investigación en los organismos y fundaciones de carácter público pueda verse afectada por dificultades en la renovación de contratos de aquellos investigadores que deben tener las necesarias garantías de continuidad.

Y sobran los motivos para plantear la necesidad de asegurar la máxima prioridad a la política se investigación por ser un asunto de enorme trascendencia social, económica y sanitaria. España puede aspirar a ser uno de los países punteros del mundo desarrollado si logra encontrar el lugar correcto y la agilidad en la gestión para asegurar que los esfuerzos de inversión sean rentabilizados correctamente.

Para ello es imprescindible más inversión y mejor gestión. Para que las noticias a las que nos referimos al inicio de esta columna no se puedan repetir más.