Bernat Soria aclara que el caso de la niña británica se puede dar en España

  • La ley establece que, si se superan los 12 años de edad, padres y médicos deben consultar al enfermo si desea someterse a una intervención · Hasta ahora, no se conoce la negativa a un trasplante de un menor

El ministro de Sanidad, Bernat Soria, aclaró ayer que el caso de la niña británica que ha renunciado a someterse a un trasplante vital de corazón podría producirse en España, ya que la Ley de Autonomía del Paciente así lo permite.

Soria hizo estas declaraciones al ser preguntado por la decisión de Hannah Jones, de 13 años, que ha convencido a los médicos para que no le hagan un trasplante de corazón, órgano que tiene gravemente dañado por la quimioterapia a la que fue sometida contra la leucemia.

El titular de Sanidad explicó que la Ley de Autonomía del Paciente respeta el derecho del enfermo a rechazar el denominado esfuerzo terapéutico, una decisión que tomará independientemente siempre que sea mayor de edad. Ademas, puntualizó que en España no se conoce ningún caso en el que un menor se haya negado a recibir el trasplante de un órgano del que dependiera su vida, pese a que este país es el primero del mundo en donaciones y en este tipo de intervenciones.

No obstante, precisó que en el supuesto de los menores de 12 años la normativa española otorga la decisión final a los padres, como representantes legales del niño, siempre que estén asesorados por un equipo médico y psicológico.

Si el paciente supera los 12 años, padres y facultativos deben consultar al afectado si desea someterse o no a esta intervención, para tener en cuenta su opinión a la hora de actuar, como ha ocurrido en el Reino Unido.

Soria confesó que el caso de la niña británica es "complejo" desde el punto de vista jurídico, ético y de protección de los derechos del paciente", y señaló que, precisamente por esto, "es muy difícil ponerse en el papel de los padres", ya que para juzgar "habría que conocer todo el proceso".

Tras recordar que todos los días muchos progenitores españoles tienen que enfrentarse a decisiones de este calado, vinculadas con el futuro de sus hijos, el ministro evitó opinar sobre la postura de los padres de Hannah Jones, por no conocer de cerca el problema. Sin embargo, admitió que él, como todo los padres, desea "lo mejor" para sus hijos.

Soria insistió en que hay que ser "muy respetuoso" con los derechos de los pacientes en el procedimiento de la limitación del esfuerzo terapéutico. "En los casos que se han dado en España hay que tener en cuenta cuál es la propia situación personal del paciente y cuáles son sus facultades cuando toma esa decisión".

El director general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Rafael Matesanz, aseguró ayer sobre este mismo asunto que el rechazo de los pacientes a someterse a un trasplante de órgano vital "ha ocurrido y ocurre con cierta frecuencia en España", aunque no se conoce el caso de ningún menor.

El experto aclaró que este conflicto podría haberse dirimido en los tribunales, de no ser porque la paciente persuadió a los expertos del hospital Herefordshire Primary Care Trust, en el sureste de Inglaterra, de que retiraran los recursos para quitarle la custodia a sus padres y proceder a la arriesgada intervención.

Tras reconocer que éste es una caso "bastante extremo", esgrimió que en España la justicia ha dictaminado sobre situaciones en las que determinadas creencias religiosas impiden ciertos tratamientos, como el rechazo por parte de los Testigos de Jehová a recibir transfusiones sanguíneas.

Matesanz reiteró que en este país es frecuente que algunos pacientes decidan no recibir un trasplante, si bien se trata en la mayor parte de las ocasiones de personas mayores o aquejadas de otras enfermedades graves adicionales.

Estas decisiones, comparadas con recibir o no una transfusión son "palabras mayores", matizó el experto quien subrayó que los facultativos suelen respetar la libertad del enfermo que, tras años de sufrimiento, decide que "ya está bien".

Por su parte, el canciller de la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano, Ignacio Carrasco, dijo que "aunque es impropio hablar de derecho a morir, nadie está obligado a aceptar un determinado tratamiento médico por la fuerza".

En la Carta de los Agentes Sanitarios publicada por el Consejo Pontificio para la Pastoral de los Agentes Sanitarios, el Vaticano especifica que "no se puede imponer a ninguno la obligación de acoger un tipo de tratamiento que, aunque ya esté en uso, no está aún exento de peligros", según señala el número 65.

"Este rechazo no equivale al suicidio. Puede significar o simple aceptación de la condición humana, o deseo de evitar el uso de un dispositivo médico desproporcionado a los resultados que se podrían esperar", según Carrasco.

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