La comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados aprobó ayer con los votos de PSOE, BNG, ERC, IU e ICV la propuesta para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo planteada en el informe elaborado por la subcomisión.

Por 20 votos a favor, los 16 en contra del PP y la abstención de CiU y el PNV, el informe se trasladará ahora al Gobierno para la elaboración de un proyecto de Ley del aborto que tendrá en cuenta las recomendaciones de la comisión de expertos convocada por el Ministerio de Igualdad.

Las nuevas condiciones para abortar se incluirán en el marco general de una norma sobre derechos y salud sexual y reproductiva en el ámbito de la Salud Pública, con "la consiguiente derogación del delito de aborto del Código Penal".

Así, se establecerá un periodo en el que las mujeres podrán interrumpir su embarazo sin alegar causa, y una serie de "indicaciones", como que exista un grave peligro para la embarazada o graves anomalías, malformaciones o enfermedades en el feto, que permitirán abortar más allá de ese plazo inicial.

El texto también precisa que las jóvenes de más de 16 años no tendrán que contar con el consentimiento de sus padres para someterse a esta práctica y que se "clarificará" la objeción de conciencia de los médicos.

Además, apuesta por facilitar el "apoyo institucional del Estado" a todos los que llevan a cabo abortos y trabajan por "la dignificación de esta prestación sanitaria".

También se deberán adoptar medidas normativas complementarias para garantizar plenamente el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.

La portavoz del PSOE en la comisión, Carmen Montón, afirmó que con esta reforma se "elimina la inseguridad jurídica, se establece la sanidad pública como garante del derecho a abortar y se pone fin a la inequidad territorial".

Por su parte, la portavoz del PP, Sandra Moneo, acusó al PSOE de "utilizar el Parlamento como coartada a sus intereses" al acelerar los debates de la subcomisión e "imponer" un texto de conclusiones elaborado sin consultar con otros grupos.

"El objeto de la subcomisión no era decidir si el aborto es bueno o malo, sino dar mayor seguridad jurídica a las mujeres", argumentó Montón, quien ha reprochado al PP que critique las formas "para intentar deslegitimar el fondo" y que "haga mucho ruido para desviar la atención de problemas internos suyos".

El PP, cuyo voto particular ha sido rechazado, argumentó que una ley de plazos como propone el informe es inconstitucional, por lo que ya ha anunciado que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional cuando sea aprobada.

El hecho de que los plazos vayan a ser determinados por el Gobierno ha motivado las críticas de varios grupos que han anunciado que discutirán este concepto en el proceso de tramitación de la ley.

Así, la representante del BNG Olaia Fernández subrayó que el informe no garantiza el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su embarazo puesto que deja la decisión de interrumpir el mismo en el último momento en manos de "jueces y médicos".

En nombre de ERC-IU-ICV, el diputado Joan Tardá consideró que "no sería de recibo que el Gobierno remita a esta cámara un proyecto de Ley por debajo de lo que hoy se aprueba y se traicionen las conclusiones", por lo que advirtió contra la posibilidad de que el texto "se derechice por necesidades de pactos".

Tanto CiU como el PNV rehusaron apoyar el texto por considerar que no van a "hacerle el trabajo al Gobierno" y que debatirán y votarán cuando haya un proyecto de Ley y no antes, según explicó el diputado vasco Joseba Agirretxea.

Asociaciones feministas aplaudieron ayer la aprobación del texto de la subcomisión.

La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, consideró "muy positiva la noticia" ya que "es un paso para que las mujeres decidan sobre su propia maternidad y su cuerpo". Con todo, aunque el texto no concrete plazos, reiteró que las 22 semanas que se barajan como límite para abortar en caso de malformación del feto y de riesgo de la madre, "se quedan cortas" y que "no debería haber límite de tiempo" para estos supuestos.

Y la presidenta de Mujeres Juristas Themis, Altamira González, expresó su "satisfacción", ya que el informe coincide con la postura defendida por su grupo en la comparecencia que realizó antes la Subcomisión. "Es un paso más en el camino de las mujeres hacia la igualdad".

En la postura contraria, la Asociación de Víctimas del Aborto pidió que no se apruebe una ley que "equipara la muerte violenta de un hijo a un método anticonceptivo más" y demandó al Gobierno que "priorice los intereses y las necesidades de las mujeres que no quieren abortar".

Mientras que la Fundación Línea de Atención a la Mujer denunció que esta nueva ley "pondrá en riesgo la salud física y psíquica de las menores españolas, sin que los padres puedan hacer nada para protegerles" y advierte de que "los únicos beneficiados son los que hacen un negocio de la soledad y la desprotección de las embarazadas".