Seguridad Vial

La Fiscalía actuará contra los padres que no protejan a sus hijos en el coche

  • El fiscal podrá suspender la tutela de un menor en caso de que los padres conductores sean sancionados al menos en tres ocasiones por no portar o no usar un sistema de protección infantil.

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El fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha anunciado que la Fiscalía de Menores podrá suspender la tutela o adoptar medidas protectoras para un menor en caso de que los padres conductores sean sancionados al menos en tres ocasiones por no portar o no usar un sistema de protección infantil adecuado.

En una rueda de prensa en la que ha explicado las conclusiones de un estudio científico sobre las circunstancias de la muerte en accidente de tráfico de menores de 14 años, Vargas ha señalado que "se darán instrucciones" a las autoridades de tráfico para que a la tercera sanción impuesta por no llevar los adecuados elementos de protección remitan un informe al fiscal delegado en Seguridad Vial.

Tras valorar las circunstancias concurrentes e incoar diligencias por estas sanciones, la Fiscalía de Seguridad Vial enviará a la Fiscalía de Menores otro informe para que esta última valore si "hay base o no para adoptar medidas protectoras" para el menor. Además de esta iniciativa, el fiscal de Seguridad Vial ha avanzado también que pondrá en marcha un protocolo de actuación que investigue a fondo las causas de los accidentes de tráfico en los que resulte muerto un menor de 14 años.

Dicho protocolo incluirá, ha explicado Vargas, una autopsia del menor fallecido con datos relativos a su peso y talla a fin de determinar si empleaba sillita y si de hacerlo, concluir si era o no la adecuada, al tiempo que se evaluará en profundidad todo lo relativo al sistema de protección infantil. En caso de que los resultados de dicho dictamen pericial determinen que el menor hubiera salvado la vida con un elemento de protección adecuado o simplemente por llevarlo, los conductores podrán ser imputados por un delito de homicidio imprudente o lesiones imprudentes.

Vargas ha explicado que el delito llevará aparejado una pena de uno a cuatro años de prisión y la privación de conducir de hasta seis años, mientras que si el conductor es imputado por provocar lesiones imprudentes al menor se enfrentará a penas de 6 meses a 2 años y a no poder conducir de uno a cuatro años. "La intervención penal es el último recurso y no se trata de criminalizar a los padres pero si de insistir en que son los primeros que están obligados a conocer los sistemas de seguridad infantil", ha dicho Vargas que ha animado a los ciudadanos a convertirse en "voluntarios" que llamen la atención sobre aquellos conductores que viajan con niños de forma incorrecta. Según el informe presentado, que analiza las causas, circunstancias y modo de fallecimiento de los niños en accidente de tráfico entre 2008 y 2010, el 46 por ciento de los menores de 14 años muertos no utilizaba ningún elemento de retención y del porcentaje que sí lo hacía, sólo el 18 por ciento lo llevaba de forma correcta.

El 51 por ciento de los niños fallecidos habría salvado su vida, en su mayoría de uno a dos años, si hubiera llevado correctamente dichos elementos de protección, ha destacado Vargas que considera que la sanción es importante, lo es "muchísimo más la educación". En este sentido, ha denunciado que el 15 por ciento de los fallecidos menores de dos años murió por aplastamiento con el cuerpo de la madre, es decir, iba en sus brazos y no sujetos a ningún sistema homologado, y que siete de cada diez niños no viajaba en el asiento central trasero, el lugar más seguro del vehículo.

Una concienciación que también ha solicitado a los padres cuando salen a montar en bici con sus hijos menores porque "el cien por cien" de los menores fallecidos no llevaba el casco. Vargas ha incidido que en el 69 por ciento de los siniestros con víctimas mortales menores el conductor circulaba irregularmente, de los que un 20 por ciento se debía a un exceso de velocidad. Por todo ello, el fiscal de Seguridad Vial ha considerado que la legislación en materia de seguridad vial es "muy permisiva", especialmente en lo que se refiere a los autobuses urbanos o los taxis que deberían tener "terminantemente prohibido" circular sin los elementos de protección.

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