Los padres piden al Gobierno ayudas extras para el comedor y los libros

  • Las confederaciones de padres de alumnos denuncian la "asfixia económica" por los recortes y que un tercio de las familias tendrá dificultades para adquirir libros y material escolar.

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Las asociaciones de padres Concapa y Ceapa, que representan al 95 por ciento de las familias con hijos en edad escolar, han pedido al Gobierno que disponga de una partida extraordinaria en los presupuestos del próximo año para ayudar a los más necesitados con becas para el comedor y para libros de texto. También han solicitado que tanto el comedor escolar y los libros de texto se incluyan en la agenda de la Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas que el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene previsto convocar a primeros de octubre.

Así lo han anunciado los presidentes de la Confederación Católica de Padres (Concapa) y de la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (Ceapa), Luis Carbonell y Jesús María Sánchez. Sánchez ha dicho que son los transmisores de un "malestar social importante que tienen miles de familias en este momento" y ha subrayado que los gobiernos central y autonómicos tendrían que distinguir cuándo hacer recortes, qué tipo de recortes y a quiénes los aplican. Carbonell ha señalado que en el caso de que no se atiendan las reclamaciones de Ceapa y Concapa se reservan el derecho a hacer "cualquier acción popular" para reclamar los derechos que a su juicio se están vulnerando y que son "justos" para millones de familias.

Ambos presidentes de las confederaciones de padres de alumnos, que representan a más de once millones de familias, han denunciado la "asfixia económica" por los recortes presupuestarios y que además se han quedado sin la ayuda de comedor al endurecer las comunidades los requisitos para esta beca y rebajar su número entre un 20 y un 30 por ciento.

El precio del menú escolar varía de una autonomía a otra; el más caro será el de Navarra, 6,50 euros, aunque mantiene el mismo coste del curso pasado, mientras Canarias tiene el más económico, 3,60 euros, pero soportan este curso un incremento del 33%. Es un servicio esencial para muchas familias que han perdido parte de sus recursos o carecen de ellos por las crisis, ha considerado Sánchez, que ha expresado la preocupación por que los menores que no puedan abonar el comedor no reciban la alimentación adecuada.

En este sentido, ha señalado que sería necesario que las asociaciones de padres fijen unos precios razonables por el uso del comedor y sus instalaciones, y que las CCAA deberían responsabilizarse de que se cumplan las medidas higiénico-sanitarias vigentes, y no descargar la responsabilidad en los consejos escolares o las familias. Carbonell ha dicho que un tercio de las familias tendrá dificultades para adquirir libros y material escolar, y ha pedido sensibilidad y esfuerzo de las autoridades con competencias en educación para que establezcan un sistema de ayudas para la adquisición de libros.

Ha sugerido que se fijen criterios con las comunidades para que los contenidos no varíen durante un tiempo para que los libros se puedan utilizar más de un curso -lo ideal sería hasta cinco- y también que se tenga en cuenta la posibilidad de crear bancos de libros de texto, así como potenciar el préstamo. Carbonell ha dicho que no son partidarios de las ayudas directas al libro; "hemos visto que es un derroche de dinero terrible", y que se podrían utilizar, ha dicho, perfectamente durante un tiempo, cambiando los que se deterioren.

Las pérdidas de ayuda a libros se mueven entre el 30 y el 50% y las autonomías tienen distintas ayudas, ya que mientras en Aragón, Rioja y Castilla-La Mancha pusieron en marcha el pionero sistema de préstamo de libros, ahora suspendido, en Madrid, Baleares y Murcia la han cancelado este curso, y en otras, como Ceuta, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Asturias, hay ayudas directas con diferentes baremos, ha explicado. Sánchez ha defendido que se busque una salida al problema del precio de los libros de texto, desde revisar el margen de las editoriales, o fijar unos precios máximos, a impedir que una parte sean ejercicios para poder usarlos más veces e incluso no aplicarle la ley del mercado, pues existe la obligación de adquirir el producto, ha argumentado.

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