El Gobierno estudiará la regularización del inmigrante que perdió el brazo

  • La Fiscalía pide informes a la Guardia Civil y a Inspección de Trabajo por el empleado ilegal mientras Corbacho espera que caiga sobre el empresario "todo el peso de la Ley".

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El Gobierno estudiará la posibilidad de regularizar al inmigrante de Real de Gandia (Valencia) que perdió el brazo izquierdo en una máquina de amasar en una panificadora y que denunció que fue abandonado por su jefe unos 50 metros antes de llegar al hospital. La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, ha solicitado al Observatorio del Racismo un informe del caso del trabajador de Gandia para estudiar medidas. Además, la Fiscalía de Siniestralidad Laboral de Valencia ha pedido los informes a la Guardia Civil y a Inspección de Trabajo para investigar lo ocurrido con el trabajador. CCOO- PV también ha anunciado que presentó esta mañana una denuncia en los juzgados de Gandia (Valencia) para que se investigue lo ocurrido. 

La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, ha asegurado que el Gobierno estudiará la posibilidad de regularizar al inmigrante boliviano de Real de Gandia (Valencia) que perdió el brazo izquierdo en una máquina de amasar en una panificadora y que denunció que fue abandonado por su jefe a las puertas del hospital. Este inmigrante, que carecía de contrato y no estaba dado de alta en la Seguridad Social, podría conseguir sus papeles gracias a los supuestos de regularización por razones humanitarias.

Consuelo Rumí, que inauguró una jornada técnica sobre la futura ley de Extranjería, afirmó que "la ley contempla actualmente situaciones donde se puede estudiar la posibilidad de la documentación en función de razones humanitarias". Atendiendo a este supuesto, "si se solicita" la regularización, "se va a estudiar", puesto que "es evidente que es uno de los casos que puede" acogerse en él. "Esto llevará sus trámites por parte de la Subdelegación del Gobierno correspondiente", añadió Rumí. 

Asimismo, afirmó que su departamento ha requerido al Observatorio del Racismo y la Xenofobia un análisis del caso del para estudiar qué medidas se pueden adoptar si se constatan los hechos. Rumí calificó de "repugnante" la conducta del empresario y manifestó que si los hechos se constatan, "puesto que está abierta una investigación, se tomarán todas las medidas que ya hoy tenemos en nuestro alcance en el ámbito legal". No obstante, añadió que prefiere "esperar a tener todos los resultados de esa investigación", para adoptar ninguna decisión.

En cualquier caso, Rumí indicó que paralelamente a la investigación, desde la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración "se ha demandado un análisis de este caso al Observatorio del Racismo y la Xenofobia, y cuando tengamos los resultados del análisis, estudiaremos qué medidas podremos tomar, si se constatan los hechos".

La Fiscalía de Siniestralidad Laboral de Valencia ha pedido los informes a la Guardia Civil y a Inspección de Trabajo para investigar lo ocurrido con el trabajador. El fiscal de Siniestralidad de Valencia, Jaime Gil, podría haber requerido al fiscal de Gandia que oficie a la Guardia Civil y a Inspección informes "en la mayor brevedad posible", para determinar en qué delitos pudieron incurrir los jefes de este joven, de 33 años.

Con los informes, la Fiscalía decidirá que actuaciones adoptar para esclarecer este asunto y determinar las posibles responsabilidades. Por este caso también se ha interesado el fiscal de Sala de Siniestralidad, que ha pedido hacer un seguimiento puntual por parte del ministerio público.

La Guardia Civil ya detuvo la semana pasada a los dos jefes del joven, hermanos propietarios del horno, por un delito contra los derechos de los trabajadores, ya que, supuestamente, tenían trabajando a su cargo a personas sin ningún tipo de contrato. Respecto a la denuncia del joven, de que uno de los jefes le abandonó, la Guardia Civil está investigando los hechos por si adopta cualquier otra medida.

El joven, de origen boliviano, que se encuentra "bien" e ingresado en el Hospital Virgen del Consuelo de Valencia, llevaba trabajando en este empresa de Gandia algo más de un año y medio, sin contrato de trabajo, al igual que el resto de los compañeros, según denunció su hermana, Silvia. En el momento del accidente, el joven se encontraba amasando 40 kilogramos de harina y, cuando se le cayó un plástico, se le quedó enganchado el brazo izquierdo en la máquina. Según su hermana, "perdió el brazo, pero la máquina podía haberle tragado si no la hubiera apagado".

Tras el incidente, el jefe del joven lo subió a su vehículo y dijo de llevarlo al hospital San Francisco de Borja de Gandia, aunque unos 50 metros antes de llegar, le obligó a bajar y lo abandonó en plena calle, "mientras perdía mucha sangre". La hermana afirma que el empresario se comportó de esta manera porque "no tenía permisos ni licencias" y, además, "tenía a sus trabajadores sin contrato, sin papeles".

El vicepresidente segundo del Gobierno valenciano y conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, ha anunciado que la panificadora ha sido "paralizada" porque "las cuestiones técnicas eran muy deficientes". Camps precisó que las cuestiones técnicas que planteaban problemas en esta empresa eran "especialmente, las eléctricas, probablemente causa del accidente que sufrió el trabajador".  

Además, CCOO-PV presentó una denuncia en los juzgados de Gandia (Valencia) para que se investigue lo ocurrido con el trabajador inmigrante. En la denuncia se recoge la información aportada por el afectado, por la familia de éste, y por la declaración que prestó ante la Guardia Civil tras el accidente.  En el escrito se expone la situación en la que se encontraba el joven, de origen boliviano, cuando sufrió el accidente laboral, ya que no disponía de ningún tipo de contrato ni estaba dado de alta en la Seguridad Social. Además, informan de que la víctima no contaba con formación previa, en una empresa en la que estuvo más de un año y medio.

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