Miguel Alonso Belza, miembro del Turno de Oficio de Violencia contra la Mujer del Colegio de Abogados de Guipúzcoa y conocido por haber representado a la familia Nagore Laffage, víctima de un asesinato machista en Sanfermines de 2008, es investigado en un proceso judicial por presunto maltrato a su compañera sentimental.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de San Sebastián ha dictado una orden de protección en favor de la víctima, que prohíbe al letrado aproximarse a la mujer y comunicarse con ella durante la tramitación de la causa que se sigue por estos hechos.

Miguel Alonso Belza, que ha llevado numerosos casos penales en Guipúzcoa, ha sido profesor de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco y es Miembro de Honor del Instituto Vasco de Criminología (IVAC), además de diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Guipúzcoa, a la que ha dejado de pertenecer tras conocerse este caso.

El abogado que le representa en esta causa, Juan Román Zubillaga, ha negado "categóricamente" los hechos que se imputan a su defendido y ha precisado que la medida cautelar de protección dictada contra su cliente ya ha sido recurrida en apelación ante la Audiencia.

Según han señalado fuentes jurídicas, el turno de oficio contra la violencia de género de Guipúzcoa, al que aún pertenece Belza, es un servicio gratuito para la víctima y de adscripción voluntaria para los letrados.

En la actualidad, el turno cuenta con más de doscientos profesionales que prestan servicio en dos zonas de Gipuzkoa. Para poder formar parte de él, los togados deben llevar al menos tres años inscritos en el Colegio y ser especialistas en materia de malos tratos, para lo que previamente deben haber superado un cursillo de formación.

Los hechos que han motivado ahora la orden de protección contra Alonso Belza tuvieron lugar presuntamente entre abril y diciembre de 2016, cuando, según el auto del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, supuestamente la víctima habría sufrido, "indiciariamente", "numerosos episodios de agresividad física, psíquica y ambiental" por parte de su compañero, con el que había iniciado una "relación afectiva" en 2015.

El texto judicial considera que los hechos "son aparentemente constitutivos de un posible delito de maltrato habitual, así como de diferentes delitos de maltrato y de acoso en el ámbito de la violencia de género".

El letrado defensor, Juan Román Zubillaga, ha señalado no obstante que aún "falta mucho por instruir" y ha opinado que en este caso "no se dan los parámetros" de la violencia de género, aunque sí ha admitido que la relación afectiva entre la pareja era "atípica o incluso tóxica" y ha explicado que este desenlace ha supuesto un "golpe traumático y emocional terrible" para su representado.