El Consejo de Ministros del Gobierno italiano, dirigido por Silvio Berlusconi, dio luz verde en su sesión de ayer a un decreto urgente contra los violadores, por el cual se autoriza a los ciudadanos a que se organicen en grupos no armados, para realizar rondas nocturnas con el objetivo de velar por la seguridad de los vecinos. El Gobierno entiende que las patrullas ciudadanas son una posible solución para evitar que la oleada de violaciones que tuvo lugar el pasado fin de semana en Roma, Bolonia y Milán, y que ha desembocado en una intensa alarma social, no se vuelva a repetir. Otra posibilidad en esta línea, aún por decidir, que presentó días atrás el ministro de Simplificación Normativa del Gobierno italiano, roberto Calderoli, es la castración quirúrgica de los violadores. El primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, ya había destacado lo "urgente" de la necesidad de la nueva norma, aduciendo el "clamor" social que generado por los últimos sucesos en el país.

El ministro del Interior, Roberto Maroni, especificó que las rondas "no irán armadas sino que sólo estarán dotadas de teléfonos móviles y radiotransmisores para que así puedan advertir a las fuerzas del orden" con rapidez.

Para la formación de estos grupos, se dará preferencia a las asociaciones de ex agentes de la Policía y el Cuerpo de Carabineros, porque son "personas que saben lo que hacen", precisó el ministro. Un ejemplo de este tipo de asociaciones lo constituye City Angels, una organización de voluntarios que opera en Milán desde hace quince años. Con el nuevo decreto se regularán este tipo de agrupaciones, ejerciendo un control sobre las mismas y, además, permitirá un endurecimiento de las penas para quienes persiguen, amenazan o molestan reiteradamente a las mujeres. Para los sospechosos de haber cometido una agresión sexual, en lugar del arresto domiciliario, el nuevo decreto exige la cárcel, decisión que responde a la presión de la opinión pública italiana, indignada con la situación en la que quedaban los detenidos por indicios ligados a estos delitos. En cuanto a los criminales que asesinen a su víctima tras la violación, serán condenados a cadena perpetua.

El decreto establece que el Estado se compromete a pagar los gastos de la defensa de las víctimas de ataques sexuales y contiene también una concesión de 100 millones de euros para reforzar los recursos policiales.

El próximo 8 de marzo, además, con motivo del Día de la Mujer, se llevara a cabo una movilización organizada por el Ministerio de Igualdad de Oportunidades en la que también participará el Ayuntamiento de Roma, ciudad donde el pasado fin de semana fue violada una menor de 14 años. El presunto violador de la joven y los agresores de las otras dos chicas de Bolonia y Milán, son extranjeros, lo que aumenta el riesgo del aumento de brotes racistas en Italia, país donde existe un intenso debate social en torno a determinadas minorías inmigrantes y donde se han planteado polémicas medidas gubernamentales, como la propuesta en la región del Lacio (cuya capital es Roma), consistente en un reglamento para los campos donde viven inmigrantes rumanos y otros nómadas, y que supondrá su aislamiento físico.

El decreto surge en un momento en el que los políticos buscan, por todos los medios, nuevas medidas para acabar con las violaciones perpetradas, supuestamente, por inmigrantes. El primer paso que dieron las autoridades tras conocerse las tres violaciones perpetradas la semana pasada fue anunciar nuevas medidas de seguridad.

El ministro de Simplificación Normativa del Gobierno italiano, Roberto Calderoli, propuso como una de estas posibles medidas, en una entrevista publicada por el diario La Stampa, aplicar la "castración química" a los violadores, pues, "ante ciertos casos", declaró no creer en "la rehabilitación". El ministro afirmó, además, que en algunos casos, como cuando la violencia se comete contra menores o en casos especialmente feroces, incluso la castración química es "insuficiente" y habría que llegar, por ello, a la castración quirúrgica del delincuente.

Mientras tanto, la respuesta social en Italia a las últimas agresiones se ha teñido, alarmantemente, de racismo, pues se relaciona directamente el aumento de la criminalidad con el fenómeno de la inmigración.