El Congreso dio ayer luz verde, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, a la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que prohibe la venta de alimentos y bebidas con alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares en los centros escolares.

Los niveles permitidos de estas sustancias en la bollería, las chucherías o los refrescos que se suministren en las escuelas infantiles tendrá que fijarlos ahora el Gobierno mediante un desarrollo reglamentario de la ley.

La nueva norma obliga también a los centros escolares a elaborar menús especiales para celíacos (intolerancia al gluten) al incorporarse una enmienda procedente del Senado.

Durante el debate de las enmiendas aprobadas en la Cámara Alta, en el que intervino la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, todos los grupos coincidieron en valorar la necesidad de la ley y destacaron su importancia.

Pajín aseguró que la ley tiene como objetivo fortalecer la salud pública y la seguridad alimentaria, pone el acento en la prevención y en la precaución, y refuerza la coordinación entre todas las administraciones públicas. La ley, según la ministra, "encaja perfectamente" en el engranaje autonómico en materia de seguridad alimentaria y refuerza la colaboración y la cooperación entre las diferentes administraciones públicas.

En la lucha contra la obesidad, la normativa exige menús infantiles que respondan a un correcto equilibrio nutricional y vela también por impulsar la actividad física.

Con el objetivo de disponer de información, se prevé la creación de un observatorio de la nutrición y de estudio de la obesidad, que obtendrá los datos de la realidad existente.

La ley incide además en el establecimiento de procedimientos de actuación en supuestos de crisis o emergencias, así como en la exigencia de que la publicidad sobre alimentos sea "veraz y exacta".