Noventa detenidos en Cataluña por vender documentos falsos a inmigrantes

  • Los extranjeros pagaban entre 200 y 3.000 euros por cada certificado médico

La Policía Nacional ha detenido a 93 personas en Tarragona, Reus y Barcelona presuntamente implicadas en la falsificación de certificados médicos que eran utilizados por inmigrantes para regularizar su situación administrativa en España por la vía del "arraigo social".

Fuentes de la Policía Nacional informaron de que los compradores extranjeros en situación ilegal pagaban entre 200 y 3.000 euros por la emisión de cada certificación falsa.

Entre el casi centenar de detenidos, diez de ellos eran los responsables de la red y tenían asignadas distintas funciones de captación, falsificación y entrega de documentos, y el resto son inmigrantes que se dedicaba a hacer uso de sus servicios.

Entre los supuestos implicados también se detuvo a un médico en Barcelona, que trabajaba en distintos centros sanitarios y que se encargaba de hacer pasar como oficial el parte médico falsificado.

La investigación se inició el pasado verano tras detectarse la falsedad de un documento de un hombre de nacionalidad marroquí que había pedido una autorización de residencia por "circunstancias excepcionales", según citaron las fuentes policiales.

Los agentes descubrieron que esta petición de arraigo, basada en papeles médicos para justificar una estancia en España superior a la que exige la ley, se repetía en un centenar de casos.

Los diez responsables de la red detenidos, que en su mayoría procedían de países del norte de África, se repartían las funciones de tal forma que mientras unos captaban clientes, otros realizaban las falsificaciones y el resto entregaba los documentos a cambio del dinero.

El núcleo de la actuación se centraba principalmente en la ciudad tarraconense de Reus, cerca de la estación de autobuses, de un centro comercial y de una mezquita.

Los estafadores aseguraban a sus clientes que su situación quedaría regularizada con un parte médico "de asistencia legal" firmado por un médico.

Las víctimas compraban el parte convencidas de que este avalaría una estancia en España anterior a su llegada real y les permitiría regularizar su situación.

El resto de los acusados son inmigrantes en situación irregular que habían presentado los papeles falsos en la subdelegación del Gobierno de Tarragona.

Por el momento, la investigación sigue abierta y no se descarta que en los próximos días haya más detenidos en otras ciudades españolas.

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