Una ONG denuncia que los turistas pedófilos españoles quedan en la impunidad

  • La inexistencia de sensibilización social y de cooperación internacional dificultan la erradicación de este fenómeno

Ningún tribunal español ha condenado a ningún turista sexual español de los que han utilizado las redes de prostitución infantil durante sus viajes al extranjero, según la Asociación Catalana por la Infancia Maltratada (ACIM), representación española de la Red Internacional de Organizaciones contra la Explotación Sexual Comercial Infantil (Ecpat), que denunció ayer la impunidad de la que gozan los que abusan o corrompen a menores.

La coordinadora general de comunicación de la entidad, Isabelle Peris, señaló que el principio de extraterritorialidad de la Ley Orgánica del Poder Judicial permite juzgar a los presuntos pederastas españoles que actúan fuera de nuestras fronteras. Pero la ambigüedad del Código Penal español en este tema, la carencia de campañas de sensibilización efectivas y la ausencia de mecanismos eficaces de cooperación policial internacional habrían provocado la actual "situación de impunidad".

Respecto a la legislación española, Peris recordó que España tenía que haberse adaptado a la normativa europea antes de enero del 2006 y aún no lo ha hecho. En consecuencia, es una de las legislaciones más tolerantes de la Unión en materia de explotación de menores. De hecho, en Italia, Francia, Inglaterra, así como en Alemania, ya se han producido condenas contra ciudadanos de estos países por abusos, agresiones o corrupción de menores fuera de sus países de origen. Además, la jurisprudencia generaría una desprotección de los niños, totalmente inusual en Europa, según la portavoz de esta ONG, porque responsabiliza al menor de su propio grado de corrupción. Es decir, que si el niño lleva tiempo prostituyéndose se puede considerar que el cliente no ha favorecido su corrupción y puede ser absuelto.

"No se tiene en cuenta el principio superior de la defensa del interés del menor, que es un colectivo vulnerable que la sociedad debe amparar si se encuentra en situación de riesgo", resalta Peris. Además, sobre la colaboración policial, considera que el problema no es sólo la corrupción policial imperante en algunos de los llamados paraísos sexuales, sino también la falta de voluntad del Gobierno español para tomar medidas. En España está aumentando la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía, según indicó.

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