Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional mantienen abierta una operación en Barcelona en la que se prevé detener a once personas acusadas de blanquear 10 millones de euros vinculados al crimen organizado con la compra de inmuebles y a través de un restaurante de lujo, que ha sido cerrado. 

La operación, dirigida por el titular del juzgado de instrucción número 21 de Barcelona y coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, se dirige contra una red integrada en su mayoría por ciudadanos de origen ucranio y rusos, asentados en Barcelona, acusados de los delitos de organización criminal, blanqueo, falsedad en documentos oficiales y contra la Hacienda Pública. Según ha informado la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado, en la operación se prevé la detención de once personas así como el cierre del restaurante Yubari, un japonés de lujo situado en la avenida Diagonal de Barcelona, en la zona alta de la capital catalana, ya que supuestamente su principal finalidad es el afloramiento de dinero procedentes de actividades delictivas. Además de las once detenciones, en la operación también se están efectuando 16 entradas y registros, así como el bloqueo de numerosas cuentas corrientes y el embargo de una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles. 

Según Anticorrupción, en la investigación se ha acreditado que la red contra la que se dirige la operación ha constituido un entramado empresarial, utilizando personas interpuestas, en el que se han incorporado capitales de origen ilícito, procedentes de otras sociedades constituidas principalmente en Chipre y las Islas Vírgenes, países que no cooperan con España en materia de intercambio de información económica. 

Para poder aflorar el dinero negro, la red constituía supuestamente sociedades o las adquiría para incorporar los capitales procedentes de sociedades extranjeras y, posteriormente, invertía este capital en la adquisición, mediante préstamos irreales, de inmuebles en España, donde hasta ahora se ha acreditado que han invertido más de 10 millones de euros con este procedimiento. Los miembros de la red, según Anticorrupción, no han acreditado ingresos lícitos que justifiquen su incremento patrimonial y han efectuado operaciones mercantiles que persiguen simular el origen legal de los fondos, a través de préstamos irreales para justificar las inyecciones de dinero en empresas para la adquisición de bienes. 

Los detenidos están acusados de un delito de blanqueo de capitales porque el origen de los fondos de la inversión en España no ha sido debidamente justificado, ya que, según Anticorrupción, existe una vinculación de los fondos usados por esta red con el crimen organizado.