El Juzgado de Instrucción número 1 de Santander ha encomendado a los Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria la guardia y custodia de una niña de 12 años que ingresó el pasado lunes en la Residencia Cantabria con un aborto en curso.

En un auto conocido hoy, el Juzgado acuerda asimismo dejar en suspenso la guardia y custodia que tenía la madre, B.S., al tiempo que suspende la patria potestad, tanto a la mujer, que es madre soltera, como a su compañero sentimental, I.A., que se presentó en el hospital como padre de la menor pero no se ha podido aclarar de momento si efectivamente lo es.

La suspensión de la patria potestad a la pareja tendrá inicialmente vigencia durante 30 días y se acompaña además de la prohibición de cualquier contacto entre la menor y los dos imputados, de origen rumano, en tanto no sea evaluada por los servicios de protección del menor y emitan los correspondientes informes.

Según se explica en el auto, el servicio de Urgencias de la Residencia Cantabria fue el que alertó telefónicamente al Juzgado de Guardia, sobre las siete de la mañana del pasado lunes.

La menor había llegado al centro hospitalario con un aborto en curso y una importante hemorragia, por lo que fue ingresada en el servicio de maternidad. Según las estimaciones de los médicos la niña estaba embarazada de doce semanas.

Se puso en marcha entonces el protocolo sobre delitos sexuales y se acordó comunicar la situación telefónicamente ante la "urgencia" de declarar a la menor en situación de desamparo.

Justo una hora después de poner los hechos en conocimiento del Juzgado y del Servicio de Atención a la Familia del Cuerpo Nacional de Policía, sobre las ocho de la mañana, los familiares de la niña pidieron el alta voluntaria para llevársela, lo que motivó que el Juzgado declarara la situación legal de desamparo de la menor y prohibiera su marcha del hospital sin previa autorización del Juzgado o de la Fiscalía.