Los docentes piden que la ley permita órdenes de alejamiento ante agresiones

  • El 20% de los profesores que solicitan ayuda sufren acoso y amenazas de los alumnos

El Sindicato Docente ANPE solicitó ayer medidas legales para proteger al profesorado, como la modificación de la Ley del Menor para que contemple una orden de alejamiento en los casos en que es agredido por los alumnos, ya que estos "únicamente" pueden ser sancionados con una expulsión. Casi el 20% de los profesores denuncian agresiones, amenazas y acoso. Así lo puso de manifiesto este colectivo, en el marco de la presentación del informe Defensor del Profesor 2008, que refleja los principales problemas de los casi 3.500 docentes españoles que han recurrido a este servicio telefónico.

"Es necesario reforzar la autoridad penal del profesorado, que contemple la presunción de veracidad de este colectivo y reconozca como atentado contra su autoridad pública cualquier amenaza por ser el responsable y el garante del Derecho a la Educación, reconocido en el artículo 27 de la Constitución Española", señaló el asesor jurídico de ANPE, Enrique Álvarez.

Si bien durante el curso 2007-2008, el porcentaje de profesores (40%), que denunciaron la imposibilidad de dar clase, se redujo tres puntos respecto al año anterior, este estudio refleja un repunte "alarmante" de los conflictos y agresiones protagonizadas por los padres de los alumnos hacia los profesores (2%). "Aunque es un porcentaje bajo, y se trate de casos aislados, hay que tener en cuenta que abofetear a un profesor sale muy barato, unos 100 euros de multa aproximadamente", precisó la psicóloga y coautora del estudio Inmaculada Suárez.

Sin embargo, el número de denuncias de los padres a los profesores asciende hasta el 24%. En este sentido, ANPE señaló la necesidad de un "cambio de actitud" de las familias con respecto a la autoridad y dignidad de los profesores, para que colaboren en sus decisiones y no defiendan "por norma" a sus hijos. "Los padres son los principales responsables de los delitos de sus hijos y tienen que saber que estos deben pagar por ellos", agregó el presidente de ANPE en Madrid, Fernando Jiménez.

Para los responsables del trabajo, la conflictividad en las aulas es reflejo de un problema social de "gran calado" y que está asociada a aspectos "tan diversos" como el abandono de las responsabilidades educativas por parte de las familias, la ausencia de normas en la educación, la crisis de valores, el descrédito de la autoridad, la violencia ambiental que rodea a los jóvenes y el mal uso de las nuevas tecnologías.

También se ha detectado un 3% de llamadas para que los profesores modifiquen las notas de los alumnos y un aumento de los problemas derivados de las relaciones de los profesores con los equipos directivos.

Aproximadamente el 50% de las llamadas recibidas corresponden al profesorado de Secundaria; un 35% a Educación Primaria; un 6% a Educación Infantil; y un 9% al resto de las enseñanzas, de las cuales un tercio aproximadamente provienen de la enseñanza a adultos. Por tanto, el mayor número de quejas corresponde a los profesores de ESO y Bachillerato debido a la "falta de interés del alumnado de estas edades", indicaron. Por ello, ANPE apuntó a la necesidad de cambios en el modelo educativo para atender a los alumnos que no pueden ajustarse a la enseñanza normalizada.

"Hay que transformar, por ejemplo, la estructura del Bachillerato para que tenga una duración de tres años, lo que implicaría la posibilidad de establecer una alternativa profesional en lo que hoy es cuarto de la ESO", precisaron.

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