La ONG internacional Save the Children estimó este jueves que la explotación sexual afecta a 2,5 millones de personas en el mundo, la mayoría mujeres y niñas, por lo que considera necesario que instituciones públicas y sociedad civil trabajen coordinadamente para lograr con la mayor eficacia protegerles.

Con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el tráfico de seres humanos, la organización denunció además que España es país de "tránsito y destino" de niños y adolescentes víctimas del comercio de personas, añadiendo que el sistema de protección "no está preparado" para abordar sus necesidades específicas.

"España es un país de tránsito y destino de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata con fines de explotación laboral y explotación sexual", denunció la responsable de Incidencia Política de Save the Children, Yolanda Román.

En su opinión, estos recursos deberían contar con personal cualificado y ofrecer asistencia de tipo psicológico, jurídico y social incluyendo medidas educativas y de inserción laboral, con el fin de "reparar los derechos de las víctimas".

A pesar de que los perfiles de las víctimas pueden variar en función de las dinámicas de las redes de explotación y de las demandas de los clientes de servicios sexuales, suelen ser menores en torno a los 16 años, de origen comunitario aunque, en menor medida, se han encontrado víctimas menores de edad de origen africano.

Coincidiendo con el Día Internacional contra la Explotación Sexual, las asociaciones en defensa de los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución, instaron a la sociedad, en particular a los hombres, a que cambien de mentalidad y tomen conciencia de que la prostitución es un "sistema de explotación sexual", así como una "forma extrema de violencia" contra las mujeres.

Las diferentes representantes de las asociaciones realizaron estas declaraciones este jueves, durante la celebración de unas jornadas internacionales sobre explotación sexual de mujeres y la trata, que se clausuran este viernes en Alicante, y que tienen como objetivo el diseño de políticas que equiparen institucionalmente la prostitución con la violencia de género extrema.

Sara Vicente, coordinadora de la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos a Mujeres, pidió a las instituciones públicas que promuevan políticas de "tolerancia cero a esta normalización de la prostitución como un trabajo".

Además, apuntó que la administración debería formalizar políticas de "protección real" contra las mujeres víctimas de la trata, para que puedan tener protección durante los juicios, así como refugios y medidas para que puedan salir de la prostitución para tener "alternativas dignas de vida".