Los responsables del geriátrico La Caritat de Olot dijeron ayer que "no dan credibilidad" a las declaraciones del celador Joan Vila, que se ha autoinculpado de 11 asesinatos, y defendieron "la profesionalidad" de los doctores que certificaron "la muerte natural" de los ancianos.

En un comunicado hecho público ayer, la dirección del geriátrico dijo que desconfía de la versión del imputado "tanto en lo que le beneficia como en lo que le perjud ica, porque una persona que ha variado el contenido de las declaraciones a medida que ha avanzado el proceso puede, hoy, una vez más, estar mintiendo".

El abogado del centro, Joan Cañada, añadió que la declaración del acusado "se tambalea" cuando menciona "el supuesto cambio del método utilizado para asesinar a sus víctimas".

En respuesta a los periodistas, el director del geriátrico, Joan Sala, aseguró que los certificados de defunción de todos los ancianos presuntamente asesinados "se hicieron correctamente", y que no duda de la profesionalidad de la doctora de la residencia ni de otros médicos que los extendieron.

En una rueda de prensa ofrecida tras la confesión de Vila de que acabó con la vida de 11 ancianos suministrándoles barbitúricos, insulina u obligándoles a beber líquidos corrosivos, el director reconoció que el acusado tenía acceso a los medicamentos porque "los auxiliares tienen que ayudar a las enfermeras en su suministro".

En esta línea, Sala manifestó que los certificados de defunción solo exigen un examen exterior del cuerpo y que no siempre se puede detectar una muerte provocada. "Incluso ahora es difícil para los forenses, cómo no lo va a ser para un médico que examina de forma externa a un fallecido".

Además, indicó que no detectaron "ninguna anomalía" en el comportamiento del celador porque, de haber sido así, habrían dado la voz de alarma.

Joan Vila, de 45 años, confesó el martes ante el juez haber "ayudado a morir" a 11 ancianos, ocho más de los tres que admitió inicialmente, crímenes que calificó de actos "compasivos" para evitar el sufrimiento de sus víctimas a las que asegura que "quería muchísimo".

Vila comenzó a trabajar en La Caritat en 2005 y desde entonces, y hasta que fue detenido el 18 de octubre, han muerto en la residencia 59 internos. De ellos, 27 fallecieron durante los turnos del celador, que sólo trabajaba los fines de semana y festivos. No obstante, los responsables del centro no sospecharon del celador porque "en una residencia geriátrica no es sorprendente que muera mucha gente".

En ningún caso encontraron muestras visibles de que las muertes fueran provocadas, excepto en el último, el de Paquita Gironès, a la que una enfermera encontró agonizando y la trasladaron al hospital de Olot, donde detectaron que había ingerido ácido desincrustante. "Este caso nos permitió descubrir lo que pasaba", dijo Sala.

El director afirmó que el geriátrico "colaborará al máximo en la investigación de la causa para determinar con la máxima celeridad posible cuál ha sido la verdadera actuación del imputado" y que "en ningún caso eludirá las responsabilidades que se puedan derivar de su actuación".

En este sentido, el abogado dijo que el centro "tiene un seguro de responsabilidad civil que se hará cargo de las indemnizaciones" y añadió que "si no es suficiente, se hará todo lo posible por cumplir lo que determine el juez".

Por otra parte, el presidente del Colegio de Médicos de Girona (COMG), Benjamí Pallarés, aseguró ayer que los certificados de defunción de las víctimas de Joan V. se cumplimentaron correctamente "y no hubo mala praxis" y explicó que las sustancias que utilizó el asesino no se pueden detectar a simple vista, solamente se podrían detectar haciendo autopsias a todos los ancianos.

Además, jueces y médicos analizarán el caso para que no se repita. Para ello celebrarán una reunión para revisar cómo han podido ocurrir los asesinatosy buscar mecanismos de control que eviten la repetición de nuevos casos.