La ineficiencia educativa de la universidad pública cuesta 2.100 millones al año

  • Un informe señala problemas como que una carrera tenga pocos alumnos nuevos o que parte de los profesores no investiguen.

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Algunas ineficiencias, como que una carrera tenga pocos alumnos de nuevo ingreso o que parte de los profesores no investiguen, suponen un coste de 2.100 millones de euros anuales en las universidades públicas, según el último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), de 2010.

Esa cantidad, que es el 30% del gasto en la función educativa universitaria, considera aspectos como que el 42% de las enseñanzas matriculan menos de 50 nuevos alumnos. También tiene en cuenta que hay nueve profesores por cien alumnos, frente a los seis docentes en los países adaptados plenamente al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). El estudio también reclama una "optimización" de los créditos que reciben las universidades. En cuanto a la investigación, según indica, el 24% del funcionariado (más de 9.500 profesores) no produce resultados evaluables.

El documento, con datos principalmente de 2009, año de inflexión en las tendencias, constata que se han reducido los presupuestos universitarios, tanto en recursos públicos como privados. Califica de "preocupante" que los recortes aparecen cuando más necesidad tiene España de unas universidades potentes, con innovación, formación y tecnología, en un panorama de reducción de transferencias de las administraciones públicas y aplazamiento de planes de inversión.

Entre otros datos, la financiación privada de la I+D universitaria bajó un 6,5 por ciento en el curso 2008-2009, hasta niveles de 2006, y la publicación científica de la universidad española en revistas internacionales cayó un 4,9 por ciento. También bajó, un 9,5 por ciento, el volumen de los fondos contratados por la red OTRI (Oficinas de Transferencia de Recursos Tecnológicos).

Sin embargo, aumentaron las spin-off (empresas tecnológicas basadas en investigación universitaria con fondos públicos), las patentes universitarias y las licencias con empresas. El 55 por ciento de las empresas encuestadas por CYD piensa que la universidad no dispone de organización apropiada para ser motor de desarrollo económico (43 por ciento en 2004) y sólo el 19 por ciento recurre a ella para formación general.

De ese sondeo y de la opinión de expertos consultados para el informe, se deduce, en general, que no hay una percepción social de la importancia de la universidad para salir de la crisis, según ha explicado en rueda de prensa el coordinador general del estudio, Martí Parellada. Pero la crisis ha empujado a que la matrícula en grados universitarios creciera un 1,9 por ciento en el curso 2009-2010, subiera un 63,6 por ciento en másteres oficiales y aumentaran un 19 por ciento los graduados en formación permanente.

Según información del servicio público de empleo estatal recogida en el documento, el 30 por ciento de los titulados superiores ocupaban en 2009 un empleo de nivel inferior al de su formación, y la sobrecualificación era diez puntos superior a la media europea. No obstante, ese dato ha mejorado relativamente con la crisis porque hay menor oferta laboral para los titulados más bajos.

La tasa de desempleo de los universitarios españoles era del 10 por ciento en el primer trimestre de 2011, según la EPA, el doble que en 2007 y de la media comunitaria, pero la mitad del conjunto de la población activa española. Entre los retos, Parellada ha citado la adaptación al EEES no sólo formal, sino con más prácticas y menos clases magistrales, la internacionalización, la excelencia y la transparencia. Hay que aumentar los medios, los incentivos y la autonomía universitaria, y todo a la vez, ha indicado.

El trabajo de los equipos de gobierno de las universidades es aún difícil en tiempos de reducción de recursos, ha comentado Parellada, con los organigramas actuales y una capacidad limitada de gestión de personal. En el acto institucional posterior a la presentación, el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha indicado que España no va a competir en el mundo global bajando salarios ni renunciando a la protección social, sino con más innovación y mejor formación. La presidenta de CYD, Ana Patricia Botín, ha pedido más excelencia en capital humano y empresas más competitivas y con mayor presencia exterior, lo que no será posible, ha añadido, sin la colaboración de una universidad cada vez más internacional, capaz de atraer alumnos y profesores de otros países.

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